SINTESIS NACIONAL

BREVES

El Gobierno negocia un bono de hasta $ 6.000 para una parte de los empleados estatales
“Van a recibir un bono los empleados de la Administración Pública Nacional y otros organismos. Para el resto va a haber un aumento diferente, depende de cada negociación”, dijo a Clarín un integrante del Gabinete, que dio casi por confirmado que será de $6.000 en dos cuotas aunque otros funcionarios lo estimaron entre $4.000 y $6.000. De los 752.650 integrantes del sector público nacional -contando los tres poderes-, por el momento lo cobrarán unos 200.000 del Ejecutivo en las áreas de Presidencia, ministerios, organismos descentralizados como PAMI, ANSeS, INCAA y Parques Nacionales, institutos y personal civil de las Fuerzas Armadas. Quedan afuera empresas públicas y sociedades del Estado como YPF y Aerolíneas (116 mil empleados), docentes y no docentes de las universidades nacionales (más de 200 mil), agentes de Seguridad y de Defensa (192.750), además del Poder Judicial (32.917) y el Congreso (unos 13.000).

En septiembre y octubre hubo más de 20 mil cesantías y suspensiones
En el bimestre septiembre-octubre los despidos y suspensiones sumaron siete veces más que el año pasado: 20.872 personas fueron expulsadas del trabajo, mientras que en 2017, durante el mismo período, se habían registrado 3087 casos. La razón principal de este derrumbe del empleo (agravamiento en la pérdida de puestos de trabajo) sigue siendo la destrucción de la industria. De cada cien trabajadores echados en estos últimos dos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas. Este es el primer dato impactante del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre despidos y suspensiones. Si en lugar de mirar el bimestre la mirada se amplía a los diez primeros meses de 2018, lo que se ve es que los despidos y suspensiones, aunque ahora acelerados, han sido permanentes a lo largo del año. El segundo dato a remarcar del análisis es que en lo que va de 2018 hubo un promedio de 6 mil despidos y suspensiones mensuales.

Se espera que el 2019 el consumo masivo se deteriore otro 2,1%
El último informe de la consultora de consumo masivo Kantar Worldpanel reveló que en entre los meses de julio y septiembre el consumo tuvo su peor performance desde el segundo trimestre de 2017. Hacia adelante, estimaciones de la consultora Focus Market no esperan que el consumo repunte hasta el segundo trimestre de 2019. En el tercer trimestre de este año, el consumo masivo cayó un 2% interanual. En consecuencia, de acuerdo al Consumer Insights de Kantar Worldpanel el año cerrará con una caída del 1,8%, gracias a un primer trimestre positivo, uno neutro y dos negativos. Tendencia negativa que se profundizará en el 2019, año para el que se espera una contracción adicional del 2,1% anual.

Vidal transfiere a los intendentes un gasto extra de $2.500 millones por el Ceamse
El gobierno de María Eugenia Vidal dispuso en el proyecto de Presupuesto que a partir del año próximo también traspasará a los intendentes un gasto extra de más de 2.500 millones de pesos por una compensación que la Provincia le paga al Ceamse, que se sumaría al traspaso de los subsidios al transporte y la tarifa social de luz. En este caso el ajuste afecta a los 33 municipios que depositan sus residuos en los predios del Ceamse: todos los del Conurbano más los del Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada), Magdalena y Brandsen. La cifra estimada que deberán absorber esos distritos es de 2.534 millones (dividida en función de las toneladas que destinan), que la Provincia destinaba para cubrir un desequilibrio entre los costos de la empresa y las tarifas cobradas a los municipios, según El Día.

Macri le echó la culpa de las inundaciones a la plata "malgastada" en Aerolíneas
Mauricio Macri culpó a la empresa Aerolíneas Argentinas por las inundaciones que se produjeron en Quilmes tras el temporal de este sábado. "Atento a la situación de los vecinos afectados por el temporal en Quilmes y a disposición del intendente y de la gobernadora", tuiteó el presidente y agregó: "Estos temporales llegaron para quedarse y lo mejor que podemos hacer es invertir en infraestructura, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y estamos haciendo por ejemplo en Mar del Plata". Luego, llegó la crítica directa a Aerolíneas: "Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto".

Médicos bonaerenses cerraron un aumento salarial del 32%
Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) aceptaron la propuesta del Gobierno de un incremento salarial del 32%, y "significativos avances" con relación a "residentes, violencia e infraestructura", según informó este domingo el gremio. La oferta fue sometida ayer al voto durante el Congreso Provincial de Delegados y aprobada por una amplia mayoría, informaron desde Cicop. "Además de la mejora salarial, avanzamos en consagrar más derechos para los residentes de la provincia de Buenos Aires, avanzando en la modificación de su reglamento", expresó este domingo la presidenta de la Cicop, Marta Márquez, en declaraciones difundidas a la prensa.

Dictan la falta de mérito de Cristina por la ruta del dinero K
El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que no hay pruebas para procesar a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que está preso Lázaro Báez . Tampoco para sobreseerla. Por eso, dictó la falta de mérito de la expresidenta y ordenó una decena de nuevas medidas para seguir investigándola. De acuerdo con Casanello, por el momento no hay evidencia alguna que demuestre que Cristina Kirchner participó de las maniobras de lavado que llevaron adelante Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña , Federico Elaskar y los otros 18 acusados que él envió a juicio oral. Era un fallo esperable. Casanello solo la citó después de que se lo ordenó la Cámara Federal. Para él, no había elementos que justificaran una indagatoria.


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NOTAS

Triaca avisó que se va de Trabajo antes de fin de año y Sica queda fortalecido. Clarín
El secretario dejaría su cargo en diciembre. Había quedado debilitado luego de la rebaja de su área y por el tope paritario que no se cumplió. Le ofrecerían ir al Vaticano, pero duda. El secretario Trabajo, Jorge Triaca, dejará su puesto antes de fin de años. Ya lo avisó en el Gobierno. Su renuncia es un hecho, confirmaron a Clarín fuentes oficiales inobjetables. Aunque, en un país acostumbrado a todo tipo de vaivenes políticos, los hechos terminan de confirmarse cuando ya son justamente eso: hechos. Triaca deja su cargo en buenos términos con el presidente Mauricio Macri. Es una dimisión acordada. Incluso con el funcionario que pasó a ser su superior en los papeles tras la última reorganización del Gabinete, el flamante titular del flamante Ministerio de Producción y Trabajo, Dante Sica. Triaca suele decir en la intimidad que considera a su gestión un ciclo cumplido, e incluso admite que su alejamiento de la hoy Secretaría le permitirá a Sica tener un rol más relevante en el diálogo con los gremios, sobre todo con los del peronismo que integrante la Confederación General del Trabajo (CGT), con los que él tuvo una excelente relación. Su papá, Jorge Triaca, fue ministro de Trabajo en el Gobierno de Carlos Menem. Antes, fue secretario general del sindicato de los plásticos. La versión de la dimisión de Triaca corrió en la Casa Rosada con tal fuerza que la semana pasada el propio Sica salió a desmentirla. Aunque a medias: dijo que seguía trabajando junto a Triaca y que él seguiría ocupando la Secretaría del Trabajo. Pero agregó, con cierta picaresca: “Por el momento”. Clarín está en condiciones de afirmar que ese “por el momento” fue una acotación con un argumento escondido y no tanto. El “momento” en el que Triaca dejará su cargo sería dentro de un mes, en diciembre. El propio Triaca ni siquiera lo desmiente frente a interlocutores de confianza. Aunque influyó en su situación política que su ministerio haya sido degradado a rango de Secretaría de Gobierno, y que por encima de él pasara a tener la última palabra administrativa el ministro Sica, Triaca está convencido de que es hora de dar un paso al costado. El ex ministro y hoy secretario es el interlocutor con los gremios del peronismo, cuyos principales jefes lo conocen desde chiquito por la relación que tenían con su padre. Pero pasó años de vértigo. La situación económica, la inflación, la recesión, y los despidos masivos en diferentes rubros del empresariado y las Pymes lo encontró en el lugar que mejor se mueve pero en una situación compleja. El Gobierno de Macri inició una pelea con los sindicatos que no quisieron acordar una paritaria en el porcentaje de suba de aumentos que estipulaban los planes oficiales, como ocurrió el año pasado con los bancarios, de Sergio Palazzo. El propio Presidente comenzó a hablar públicamente de “mafias” que manejaban los gremios. Y se abrió una confrontación explícita con uno de los sindicatos con mayor poder de presión en la calle y de lobby: el sindicato de choferes de camiones, de Hugo y Pablo Moyano. Triaca, sobre todo, porque era su responsabilidad institucional, nunca cortó el diálogo con ellos a pesar de que los Moyano atacan a la Casa Rosada y la acusan de ser la verdadera impulsora de las denuncias judiciales que acechan a la familia camionera. Son acusaciones en las que no presentaron ninguna prueba. En medio de los más álgidas peleas con los Moyano, como la quiebra del correo privado Oca, en la que los jefes gremiales camioneros pusieron siempre un especial interés como si esa compañía fuera casi propia, Triaca siguió en diálogo con los Moyano. Su contacto era con uno de los hijos del Camionero que también se llama Hugo y es abogado, de bajo perfil, y tal vez el más preparado y diplomático de sus hermanos. El propio Triaca cree que su ciclo en Trabajo está agotado. Su figura además se vio envuelta en polémicas generadas por acusaciones que tenían que ver con contrataciones en el Estado y en gremios intervenidos de parientes directos del funcionario, y también de empleados en el ámbito privado del antes ministro. Además quedó envuelto en un escándalo por la denuncia de su ex empleada Sandra Heredia quien lo acusó de maltrato, de echarla sin fundamentos y de tenerla en negro. Terminaron firmando un acuerdo y él siempre negó que las acusaciones pudieran complicarlo judicialmente Tras la llegada de Sica a Producción intentó mantenerse activo aunque sabía que sus días empezaban a estar contados. Esta última semana, por ejemplo -siempre junto a Sica- terminó por negociar y ahora concretará administrativamente las ayudas que la CGT pidió para suspender el último anuncio de una huelga general en contra de la política económica de Cambiemos. Triaca y Sica, o viceversa, lograron calmar a los gremios ofreciéndoles que las empresas más grandes del país y las Pyme deban negociar con sus empleados el pago de un bono no remunerativo de 5.000 pesos que se podría pagar en dos cuotas. A eso se sumó otra “concesión”: que ante potenciales despidos, sobre todo en compañías de relevancia, esas acciones deban pasar antes por el filtro del Gobierno. No es que el Estado pudiera frenar la decisión de las empresas de despedir personal, pero ese paso burocrático podría aletargar, y hasta posiblemente suspender esas acciones que generan siempre crisis. Según pudo saber Clarín, Triaca, en diálogo con las autoridades de la Presidencia, recibió una oferta cuando se acordó que se alejaría de su cargo. Ser el nuevo embajador en el Vaticano, un puesto que hoy ocupa Rogelio Pfirter. La familia Triaca tiene una relación de amistad desde hace varias décadas con Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. A pesar de que en la superficie y las declaraciones de autoridades de un lado y del otro da la sensación de que la Casa Rosada entrará en colisión permanente con la Iglesia Católica, lo cierto es que la Presidencia de Macri buscará bajar esa tensión. Según fuentes muy fidedignas del entorno de Triaca, el aún funcionario habló con su familia respecto a la posibilidad de mudarse a Roma y entre todos decidieron que lo mejor sería quedarse en Buenos Aires. Así, rechazaría la oferta de ir al Vaticano. Aunque con Sica su relación sea buena, lo cierto es que existe una intriga palaciega en la salida de Triaca de Trabajo. El ministro del Transporte, Guillermo Dietrich, inició una avanzada sobre el área de influencia de Trabajo. Debido a su cargo, tiene buena relación con las Cámaras del Transporte, el área sindical que más presión callejera puede imponerle al Gobierno. Así quedó demostrado en el último paro-asamblea de los gremios aeronáuticos. El funcionario que por orden de Macri fue el encargado de ocuparse de ese tema conflictivo fue Dietrich. Triaca aun no tendría un reemplazante oficial para una renuncia que tampoco sería oficial aún. Pero quien podría ocupar su puesto es Ignacio Pérez Riba, jefe de asesores del Ministerio de la Producción cuando lo liderada Francisco “Pancho” Cabrera, pero también allegado a Dietrich. Según confirmó con Clarín con fuentes relevantes de la CGT, la salida de Triaca y la influencia de Dietrich en el trato con los sindicatos es leída de modo negativo: “El Presidente se encierra más en su entorno”. El año próximo será, según los cálculos oficiales, de alta conflictividad social y gremial. Triaca ya tiene agendada una actividad si es que deja su cargo antes de enero próximo, como él cree: se entrevistará con el Papa Francisco, en Roma.


Bono de $5000: Macri firma el decreto y flexibiliza las condiciones para pagarlo. La Nación
Ninguna de las partes quedará, al decir de uno de los negociadores del oficialismo, "del todo contenta" con el acuerdo alcanzado. Sea como fuere, y según coincidieron distintas fuentes del Gobierno ante LA NACION, el presidente Mauricio Macri firmará finalmente hoy el decreto que establece el pago en dos tramos de una compensación de $5000 para los trabajadores del sector privado, que había sido reclamada por la CGT y acordada hace una semana con la Casa Rosada con las principales cámaras empresarias. Desde Balcarce 50 aseguraron que hoy también se acordará una compensación "similar o un poco mayor" a ese monto para lo 210.000 empleados estatales nacionales, que negocian el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez. Según el primer artículo del último borrador al que accedió este diario, el DNU consensuado por el ministro de Producción Dante Sica con empresarios y sindicalistas establece "una asignación no remunerativa" para todos los empleados "en relación de dependencia", a pagarse en diciembre y febrero. De todos modos, las advertencias de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CAME, que agrupa a las pymes, se verán reflejadas en la "flexibilidad" del texto en lo que hace a "plazos y montos". En el artículo 3, por ejemplo, se deja abierta la puerta para que el pago se efectivice en más de dos cuotas, y en el siguiente faculta a empresas y gremios para que se compute este monto "a cuenta" de las revisiones y los aumentos acordados en la negociación paritaria de este año. Se tiene en cuenta, a modo de atenuante, la situación de "sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva". El decreto no incluye a los trabajadores rurales y tampoco a los estatales, pero en este último caso fuentes del Gobierno daban por hecho que hoy mismo a mediodía se anunciará el incremento. El borrador no excluye del bono a los jerárquicos. Éxito político "Las idas y vueltas no fueron buenas, pero no deja de ser un éxito haber podido acordar y de paso evitar un paro contra el Gobierno", afirmaban cerca de un ministro importante. Junto a Sica, aunque en un segundo plano, estuvo Jorge Triaca, el secretario de Trabajo que ya "consensuó" con Macri y el ministro de Producción su próxima salida del cargo, aunque será luego de la próxima cumbre del G-20, a fin de mes. "Dante tiene derecho a elegir su gente y que no haya dos cabezas que negocien", justificaban cerca del secretario de Trabajo, y negaban que su próximo destino sea la embajada en el Vaticano. En Balcarce 50 agregaban que en este contexto económico sin logros evidentes para mostrar, Sica se anotó un "punto" dos meses después de haber acumulado poder con la absorción de las carteras de Trabajo y Agro hacia su ministerio. La UIA había planteado sus dudas sobre la redacción final del decreto, sobre todo en lo que hace a la "obligatoriedad" del pago, algo que finalmente no se producirá. "Entendemos que si (el decreto) no se redacta convenientemente pueden cobrarla también quienes adhirieron a (aumentos vía) cláusula gatillo", afirmó ayer en declaraciones radiales el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. "Es lógico que haya quejas, pero tampoco es que todos los industriales se quejan. Muchos de ellos necesitan que haya plata en los bolsillos de la gente para que se reactive el consumo", afirmó a LA NACION uno de los negociadores del Gobierno. Tal como se acordó en la reunión tripartita de la semana pasada, el decreto también establece un mecanismo de revisión previa de despidos injustificados. Los empleadores estarán obligados, de ese modo, a "comunicar la decisión" de despedir personal al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación "no menor a diez días", y el ministerio reunirá a las partes para explorar alternativas. Este artículo no conformó del todo a los industriales. "Nadie despide porque sí, hay una contracción del 11%, los comportamientos (de las empresas) en materia de despido han sido muy moderados", dijo Funes de Rioja ayer. Para la CGT, el acuerdo servirá también para desactivar un paro en el que no creían, impulsado por los sectores más combativos, alineados en su mayoría con el kirchnerismo y partidos de izquierda.


La CGT ahora mira la interna del PJ. Página12 (domingo)
Tras el bono y la paz negociada con el Gobierno, la cúpula sindical se concentra en el escenario electoral y la reconstrucción del peronismo. Buscarán hacer valer su peso para discutir candidaturas el año próximo. La decisión de la CGT de cambiar paro por bono comenzó hace dos semanas cuando se iniciaron las conversaciones informales con miembros del gabinete nacional. Estas charlas derivaron en el acuerdo sellado el martes pasado cuando los gremialistas se reunieron con el ministro Dante Sica y representantes de las cámaras empresariales. La “paz social” no solo beneficia al Gobierno sino también a la conducción de la central obrera que podrá ahora dedicarse, con algo más de tranquilidad, al proceso de unidad que atraviesa el peronismo. Los sindicalistas pretenden romper con lo que definen como la maldición de “ser la fuerza de choque ante la derrota para luego, a la hora de la reconstrucción, convertirse en la rama seca”. Traducido al castellano, es igual a hacer valer su peso a la hora de discutir las candidaturas. La renuncia de casi una decena de integrantes del Consejo Directivo, donde la mayoría migró hacia el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), dejó a gordos, independientes y barrionuevistas prácticamente con el control total de la central obrera. Sin embargo, ambos sectores –dialoguistas y combativos– comparten una misma necesidad: no ser la rama seca en la reorganización del peronismo. Es por eso que tanto Héctor Daer como Hugo Moyano y Ricardo Pignanelli del Smata están en la mesa de acción política del PJ. En todo caso, la diferencia entre ambos grupos sindicales está en que los del Frente Sindical se plantean continuar con las protestas junto a las dos CTA y los movimientos sociales. Enterados del acuerdo firmado entre la CGT y el Gobierno más los empresarios, lo rechazaron de plano por insuficiente pero también por representar una ausencia de compromiso en la resistencia a las políticas económicas que implementa la Casa Rosada. Los hombres de la CGT juran que escuchan esas críticas como oír llover. Sin embargo, es real que entre los integrantes del Consejo Directivo no hay ni había una pizca de intención de continuar con las dos medidas de fuerza que habían realizado en junio y septiembre pasado. Visualizaron la reunión del G20 como la perfecta oportunidad de hacer lo que más saben: negociar. La simple amenaza de realizar un paro de 36 horas que incluya una movilización representaba la mejor forma de provocar el llamado desde el Gobierno para implementar una mesa de negociación. No se equivocaron porque sabían que Sica iba a reaccionar aunque supiese que ellos ni en el más afiebrado de sus sueños implementarían un paro con movilización. Una vez alcanzado el acuerdo y con el anuncio de que el paro se había desactivado, el ministro de Producción y Trabajo se congratuló con la decisión de la cúpula de la CGT y aseguró que se ha conseguido “la paz social” que necesita el Gobierno. (ver nota aparte) Esa paz negociada tuvo también su trámite hacia el interior de la central obrera donde hubo que desactivar algunos supuestos espíritus levantiscos como el del ferroviario Omar Maturano, quien la semana pasada se había mostrado como uno de los impulsores de la medida de fuerza. No está claro qué es lo que lo tranquilizó pero a la reunión del jueves en el histórico edificio de la CGT llegó manso y tranquilo. De todas formas Armando Cavalieri, el titular de comercio, fue el primero en arengar en pos de apostar al diálogo, respaldar el bono y dejar de lado cualquier medida de fuerza. El único que cuestionó fue Julio Piumato, quien consideró que el monto del bono no era suficiente como para justificar el levantamiento del paro. La queja del judicial tiene su grado de razón aunque también es cierto que frente a la crisis cualquier monto de dinero extra siempre será bienvenido por el trabajador promedio. Para la cúpula de la CGT el acuerdo también terminó con cualquier intento de huelga por parte la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid, porque tanto los ferroviarios pero sobre todo los colectiveros de UTA avalaron el bono. Por lo tanto, esto les despeja el camino de la otra negociación clave que tienen en carpeta y que se trata del proceso de unidad que vive el PJ. Los hombres de la central obrera no quieren otros cuatro años de gobierno macrista, consideran que todavía no está garantizada la derrota del oficialismo pero por nada del mundo quieren ser convidados de piedra en un posible gobierno peronista. Esa es la tarea en la mesa de acción política que tienen Daer y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez. El que quedó fuera de esa mesa es Luis Barrionuevo luego de haber sido el interventor del PJ. Sin embargo, el gastronómico está viejo pero no pierde las mañas y su forma de llegar al partido es a través de las 62 Organizaciones que no sólo resucitó sino que sumó a gordos e independientes. De esta manera la CGT se prepara para competir, unidos y organizados, en las elecciones de 2019.


La UIA volvió a expresar su “desacuerdo en algunos aspectos” con el bono de fin de año. Clarín (domingo)
El financiamiento por parte de las pymes y el ítem despidos, entre las principales discrepancias. La Unión Industrial Argentina volvió a expresar algunas "diferencias" respecto a la implementación del bono de fin de año, que el Gobierno oficializaría en la semana a través de un decreto. "Nosotros entendemos que si no se redacta adecuadamente, también terminen percibiéndolos aquellos sectores que ya han indexado automáticamente con cláusulas gatillo, o que entre septiembre y octubre reformularon sus convenios colectivos y tomaron esas coberturas desde el punto de vista salarial", afirmó Daniel Funes de Rioja en diálogo con Toma y Daca por radio Cooperativa. El vicepresidente de la UIA además planteó la necesidad de "medidas complementarias" para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento para costear el pago del bono. “Estamos de acuerdo en el bono no remunerativo, pero es muy distinto el carácter relativo, sobre todo cuando las pymes hoy se financian a tasas muy altas”, señaló el empresario. Días atrás, el ministro Sica adelantó que las pequeñas y medianas empresas podrán pagar el bono en más cuotas. una compensación no remunerativa de $5 mil en dos cuotas. La primera, correspondiente al mes de noviembre, se pagará en diciembre. La segunda, correspondiente a enero, se cobrará en febrero. Desde el Ministerio de Producción, a cargo de Dante Sica, adelantaron que el decreto se publicará esta semana, e incluirá a todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Quedan excluidos los trabajadores públicos y los privados rurales y de servicio doméstico, que tiene regímenes especiales. Los trabajadores de sociedades del Estado como YPF, Aerolíneas y Télam tampoco están incluidos, precisaron en Producción. La obligatoriedad del pago es algo que molestó al sector empresario, junto con el tema de suspender despidos. "Estamos de acuerdo en la implementación de estas medidas y en desacuerdo en algunos aspectos de su implementación, obviamente sobre la esencia todos coincidimos", sentenció Funes de Rioja.


El presupuesto amenaza la unidad del bloque del PJ. La Nación (domingo)
La administración de Mauricio Macri ya tiene asegurados al menos unos 40 votos para sancionar este miércoles en el Senado el controvertido presupuesto 2019 y el paquete legislativo con el que intentará compensar a las provincias por el ajuste fiscal. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en Miguel Pichetto (Río Negro) y su capacidad para mantener la unidad de un Bloque Justicialista sometido a la cada vez más feroz interna peronista. Con el kirchnerismo fogoneando en las sombras una rebelión interna para propinarle un fuerte golpe político a uno de sus principales detractores dentro del PJ , el rionegrino tendrá esta semana el que tal vez será el desafío más duro desde que llegó a la jefatura de la bancada peronista, hace casi 16 años atrás. La vara para medir este round será la cantidad de senadores que apoyen a Pichetto y su prédica de colaborar con el Gobierno, a cambio de conseguir concesiones para las provincias gobernadas por el peronismo, aún a pesar de reconocer que la situación de "emergencia" que vive el país es en gran medida responsabilidad de la mala praxis económica de la gestión macrista. Los números por el momento no son muy favorables para Pichetto. Hoy por hoy, unos 12 senadores del interbloque Argentina Federal (Justicialistas más peronistas de La Pampa y Chubut) votarían el presupuesto. Es apenas la mitad de los 24 miembros del conglomerado peronista que conduce el rionegrino. El Poder Ejecutivo tomó nota de esta situación y esta semana volvió a activar las negociaciones con los mandatarios provinciales peronistas para tratar de reducir al mínimo posible el descontento peronista. Al frente de esas conversaciones, como lo hiciera cuando el presupuesto se votó en Diputados, estuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , quien en la última semana mantuvo reuniones con varios gobernadores, como Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Domingo Peppo (Chaco), para satisfacer sus reclamos de fondos y obras públicas y de supuestas promesas incumplidas por parte del Poder Ejecutivo. Es que en algunos despachos del Gobierno perciben que en el partido aparte que jugará el peronismo en el debate del presupuesto en el recinto del Senado se juega mucho más que la estabilidad política de Pichetto como líder de la principal bancada de oposición. "En juego están dos estilos de oposición: la racional y dispuesta a sentarse a negociar y la radicalizada que encarna el kirchnerismo, que apuesta al viejo y ya conocido apotegma del cuanto peor, mejor", admitió un vocero con despacho en la Casa Rosada. La tensión que vive el PJ en el Senado quedó al desnudo de manera descarnada la semana pasada, cuando Pichetto debió soportar, con la comisión de Presupuesto y Hacienda como escenario y Frigerio como invitado de lujo; la rebelión pública de José Mayans, vicepresidente de su bancada y hombre del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. "No hables en nombre del bloque porque no todos estamos de acuerdo con apoyar este presupuesto que blanquea el endeudamiento al que nos somete este Gobierno", se indignó Mayans, fuera de micrófono, interrumpiendo a Pichetto mientras justificaba en las ventajas que había obtenido para las provincias peronistas su apoyo al presupuesto de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno. "Yo soy dueño de mis palabras, yo hablo por mí", replicó un Pichetto que, de manera proporcional a los gritos de Mayans, fue levantando temperatura. "Lo que pasa es que algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución", agregó el rionegrino en clara dirección a Insfrán, cuya mano ve detrás de los ataques públicos y cada vez más virulentos del senador por Formosa. La intervención de Mayans descolocó a más de un senador peronista. "Pareció sobreactuado", comentó a este diario un veterano legislador del centro del país, coincidiendo con la reprimenda con la que Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires) intentó callar al formoseño. "Deje de actuar", le espetó el presidente de Presupuesto y Hacienda en el momento más escandaloso de la reunión. Sin embargo, más allá de las negociaciones del Gobierno y de si los modos de Mayans transparentan un clima de genuino malestar dentro del peronismo, Pichetto tendrá que ajustar su estrategia para sumar voluntades en los días que quedan hasta el miércoles. Por el momento, conseguir el apoyo de una docena de senadores parece un resultado bastante pobre y podría poner en peligro la estabilidad de una bancada que se encuentra sometida a tanta tensión política que cada vez puede disimular menos los crujidos de fractura. Operativo para evitar nuevos incidentes La vicepresidenta Gabriela Michetti convocó a sesión para tratar el presupuesto para las 14 del miércoles y definió medidas para evitar que se repitan los incidentes que rodearon la sesión en Diputados. Además del operativo de las fuerzas de seguridad en las calles aledañas al Congreso, se entregarán acreditaciones especiales para quienes pretenden ingresar a la Cámara alta para presenciar la sesión.


La caída de la producción y del empleo es intensa en velocidad y magnitud. Página12 (domingo)
Por Alfredo Zaiat Desindustrialización macrista. El actual ciclo de destrucción de la industria nacional se reconoce en iguales procesos de la dictadura con Martínez de Hoz y de la convertibilidad con Cavallo. Desde diciembre de 2015 acumula un retroceso de 7,4 por ciento y casi 100 mil empleos menos. El proceso de desindustrialización que se despliega en la economía macrista es una continuidad del iniciado por la dictadura de 1976 con José Alfredo Martínez de Hoz y retomado en los noventa con la convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo. En cada una de esas etapas, la destrucción de diversos eslabones de la estructura productiva fue ocultada bajo el manto de la modernización y la integración al mundo. Ni una ni otra cosa sucedieron, sino que han sido ciclos de retroceso del camino hacia el desarrollo, con deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y sociales de la mayoría de la población. Como en esos períodos traumáticos, la Unión Industrial Argentina expone mesuradas críticas mientras algunas de sus firmas son arrastradas hacia el abismo y otras a reducir su capacidad productiva. Moderación que puede ser explicada por una cuestión de clase, ideológica o política, o una combinación de ellas que impulsa a la mayoría de esos empresarios a apoyar un proyecto que los castiga a la insignificancia, sin rebelarse a exigir o apoyar un sendero de industrialización, que el mundo neoliberal periférico asocia con populismo. La desindustrialización macrista es intensa en velocidad y magnitud. En septiembre pasado, la producción industrial bajó 11,5 por ciento respecto al mismo mes de 2017, con caídas interanuales estrepitosas en Textiles de 24,6 por ciento, y en Metalmecánica, de 20,5 por ciento. Como los comunicados del Indec dejaron de informar la serie larga de esa estadística, el indicador industrial de FIEL ofrece el significante dato de que en el gobierno de Macri la actividad productiva (IPI desestacionalizado) acumula un retroceso de 7,4 por ciento hasta septiembre, tendencia que no muestra signos de reversión en los próximos meses. Este derrumbe tuvo su impacto en el frente laboral, con pérdidas de 98.200 empleos industriales a agosto pasado, equivalente al 7,8 por ciento del total sectorial, desde diciembre de 2015, tendencia que tampoco exhibe señales de recomposición. El derrape industrial de 11,5 por ciento fue el mayor descenso en 16 años, cuando julio de 2002 anotó una caída de 12,2 por ciento. Arrojó la industria al nivel de 2009, año que interrumpió el ciclo ascendente que había comenzado en 2002 y se había extendido hasta el 2012, con esa pausa mencionada por el impacto negativo derivado de la crisis internacional. Especialistas dedicados al estudio y seguimiento de la política exterior argentina reunidos en OCIPEx identificaron que en septiembre pasado la industria argentina fue la segunda que más retrocedió en un ranking mundial, liderado por Burundi, que bajó 15,4 por ciento. Detrás de Argentina se ubicó Togo, con una caída de 11,3 por ciento, Benin y Jordania, con derrumbes de 9,6 y 8,8 por ciento, respectivamente. Combo La megadevaluación, tasas de interés elevadísimas en términos reales, apertura importadora, descenso del salario real, tarifazos y debilitamiento del mercado interno es un combo demoledor para la industria nacional. El gobierno de Macri ha convencido a muchos –y si no lo hizo ha sido efectivo en silenciarlos– de que este sendero ha sido inevitable para purgar los pecados del populismo, del cual la industria se había beneficiado. En una de las iniciativas más desvergonzadas, el macrismo presentó el Plan Productivo Nacional cuando existía el Ministerio de Producción a cargo de Francisco Cabrera. Más allá del anuncio de alguna medida de incentivo, en la práctica poco y nada hubo, lo que queda en evidencia con la evolución de la actividad industrial. Ese Plan definía la necesidad de la “reconversión” de varios sectores, pero eso no significaba la “destrucción” de los rubros textiles, calzado, electrónica y muebles, como es el camino que han empezado a transitar. También definía cuatro sectores “latentes” (automotriz, autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos) a los cuales se les exigía ser “más competitivos”; pero eso no significaba el “achicamiento” para que la producción importada pasara a ocupar una parte del mercado interno. Esas ocho actividades contaban con 364 mil puestos y el plan oficial adelantaba que la reconversión laboral afectaría al 20 por ciento. La reconversión industrial que planteaba inicialmente el Gobierno, en realidad, fue sólo destrucción del tejido productivo y despidos generalizados, que ya superaron ese umbral previsto. La industria es la rama de actividad que más empleo ha perdido desde que Macri ocupa la Casa Rosada. Datos oficiales indican que lo hizo en 32 de los 33 meses de gestión. La cantidad de trabajadores en la industria es la más baja en nueve años. Los registros de agosto se ubican en los niveles exhibidos en septiembre de 2009. Plan Si continúa ejecutándose el plan de desindustrialización macrista, la dimensión de la crisis laboral será mayúscula. Para conseguir legitimidad política y económica de semejante golpe, el motor de la red oficial de propaganda pública y privada está a máximas revoluciones con el objetivo de demonizar la demanda de los trabajadores, el cual es acompañado por los mismos industriales que se están ahogando. Los principales dirigentes de la Alianza Cambiemos, empezando por Macri, están convencidos, por razones ideológicas, políticas, económicas o culturales, de que el sufrimiento de miles de trabajadores con sus familias es el pasaje necesario hacia la redención y el progreso. La crisis económica ha sentenciado que Macri terminará el gobierno con variables clave (inflación, empleo, pobreza, jubilación y salario en términos reales) peores a las de diciembre de 2015. Voceros del oficialismo insisten con los costos de la herencia o que ésta no fue explicitada en toda su dimensión para justificar el desastre de la gestión económica macrista, que luego de un impresionante endeudamiento tuvo que salir corriendo a abrazarse al FMI. Hay que tener poco respecto intelectual hacia los interlocutores ocasionales para repetir que la herencia es un componente importante para explicar este fracaso de la administración de la economía; no así del plan de negocios del macrismo. El indicador mensual de Inversión del Instituto de Trabajo y Economía muestra que, en el mes del derrumbe de la actividad industrial, también registró una fuerte caída de 18,9 por ciento respecto a septiembre del año pasado. De esa forma el tercer trimestre del año cerró con un retroceso de 11,8 por ciento en relación a igual período de 2017. Más complicada es la situación específica en el sector industrial con el dato que adelanta un mediocre dinamismo sectorial hacia adelante, al registrar la inversión en equipo durable de producción un agudo descenso de 33,4 por ciento interanual, acumulando una caída de 15,8 por ciento en doce meses. Conciencia de clase Una vez más queda expuesta la aceptación que consiguen de las víctimas los períodos de destrucción industrial que lideran los proyectos políticos del neoliberalismo periférico. El complejo, difícil y no exento de contradicciones, ciclo de recuperación del entramado industrial durante las épocas de predominio de gobiernos que son denominados populistas es desmoronado con efectiva rapidez. Claudio Scaletta ha explicado en más de una ocasión en el suplemento económico Cash por qué una parte de los empresarios, beneficiada del crecimiento en gobiernos con los cuales no se identifican políticamente, resisten paradójicamente esos ciclos que le garantizan expansión. Con la guía del economista polaco Michal Kalecki ilustra que esa resistencia se entiende por la oposición a que sea el Estado el que intervenga en la creación de empleo y dirija el proceso económico (con el gasto a través de la inversión pública o de los subsidios al consumo), y por el temor a que el pleno empleo, promovido por políticas estatales, implique mayores exigencias de los trabajadores y, por lo tanto, genere cambios sociales y políticos que alteren su posición favorecida. La oposición a la presencia del Estado en las relaciones económica es lo que deja más en evidencia el mundo empresario conservador, hoy representado en el gobierno de Macri. Sólo la aceptan en circunstancias muy específicas, como las que existen en una crisis que requiere de políticas expansivas para superarla. El aspecto más desafiante para el análisis económico convencional es explicar por qué sectores industriales aceptan mansamente disminuir el nivel de actividad, que se traduce en una menor rentabilidad. No lo saben plantear porque deberían señalar que lo hacen para garantizar un nivel de desempleo que permita disciplinar a los trabajadores en sus demandas inmediatas de mejora salarial y, por consiguiente, de distribución progresiva del ingreso. Pero, fundamentalmente, porque de ese modo pueden neutralizar cualquier intento de modificación de las reglas de funcionamiento de la economía que ponga en cuestionamiento sus privilegios. O sea, la aceptación a transitar otro proceso de desindustrialización por parte de las propias víctimas no es contradictoria, porque revela una conciencia de clase tan fuerte que hasta acepta la reducción de sus ganancias y la desarticulación del tejido productivo, con el objetivo de debilitar a quienes pueden desafiarlos en la disputa por mejorar el reparto de la riqueza.


Los planes del peronismo después del regreso de Solá, Moyano, Daer y Pignanelli. Página12 (domingo)
Ya son todos hijos pródigos. Ni una discusión y clima muy cordial en el reencuentro peronista del jueves 8. A la búsqueda del frente y del nombre. Cero exitismo. Y trabajo duro porque hay poco tiempo hasta las presidenciales del 2019. Si fuera un cuento de la Edad Media, nadie cruzó espadas. Y todos se rieron cuando Hugo Moyano dijo: “Disculpen si alguno se siente mal por estar en una foto conmigo”. Según pudo reconstruir Página12, no hubo ningún dirigente que se sintiera mal el jueves 8, en la reunión cumbre del Partido Justicialista. Después de muchos años terminaban las diferencias entre réprobos y elegidos. Ese día cada uno fue, más bien, hijo pródigo. José Luis Gioja, el presidente del PJ, estaba ancho. La cincuentena de dirigentes que integran la mesa ejecutiva del Consejo Nacional y la mesa de Acción Política (el órgano que se preocupa diariamente por las elecciones de 2019) le reconocieron su paciencia y su espíritu unitario. El premio a la paciencia lo recibió Gioja por haber soportado la intervención de Luis Barrionuevo, resuelta por la Justicia en abril, y por haberse movido hasta liquidarla en agosto último, cuando recuperó las llaves del local partidario de la calle Matheu 130. “De acá saldrá la fórmula presidencial”, había dicho el gastronómico que durante el gobierno de Carlos Menem llamó a suspender el robo por dos años. No salió la fórmula sino Barrionuevo. Ex gobernador y ex senador, las palmadas en la espalda por las gestiones de unidad le vinieron a Gioja por su trabajo artesanal de evitar peleas a nivel nacional y dentro del bloque de diputados, que integra como uno de los legisladores por San Juan. Ninguno de los que el jueves emprendieron el regreso dejó de saludarlo. Eran, además de Moyano, el ex gobernador y actual precandidato presidencial Felipe Solá, el secretario general del gremio mecánico Ricardo Pignanelli y el secretario del gremio de Sanidad Héctor Daer. Gioja anunció que invitará también al diputado nacional por Unidad Ciudadana Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Solá volvió tras haber roto con la conducción política kirchnerista en noviembre de 2008, luego de fuertes diferencias que venía arrastrando y que se hicieron más evidentes en el tratamiento de la resolución 125 de retenciones móviles. Igual que Daer, Solá terminó siendo una pieza clave del Frente Renovador liderado por Sergio Massa en las elecciones de 2013 y 2015. Pero ambos al final dejaron ese espacio. Daer dijo a PáginaI12 el año pasado que el FR “con el tiempo fue perdiendo su rumbo” y pidió reconstruir “la unidad del peronismo”. Moyano se había ido del PJ el 15 de diciembre de 2011, hace casi siete años, cuando era presidente del distrito bonaerense, hoy a cargo de Gustavo Menéndez, y vice del PJ nacional. Dijo entonces que el PJ era “una cáscara vacía”. El 29 de de abril de ese año había encabezado como secretario general de la Confederación General del Trabajo un acto multitudinario en la Nueve de Julio con grandes retratos de Juan Perón, Eva Perón y Néstor Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner no estuvo. Ya había empezado el tiempo de los chisporroteos. Sin cerrojo El jueves los cuatro que estaban de regreso hablaron con tono parecido y utilizando una frase repetida casi literalmente: “Unidad en la diversidad”. No la limitaron al ámbito del PJ sino a la construcción más amplia que tenga al peronismo como corazón pero no termine allí. Todavía no hay nombres. Ni siquiera el que asomó en los últimos días, “Frente Patriótico”. Ginés González García, entre otros históricos, se llevó el encargo de explorar nuevos nombres. El acuerdo fue apurar los tiempos y quizás establecer una frecuencia quincenal de reuniones. A menos de un año del 27 de octubre de 2019, día de la primera vuelta electoral de 2019, la coincidencia fue no caer en el exitismo. El concepto predominante es que la realidad económica es la peor desde la crisis de 2001, que los trabajadores y la clase media están sufriendo por la recesión y que avanza la desilusión respecto del gobierno de Mauricio Macri. Pero al mismo tiempo existe el reconocimiento de que el macrismo goza del blindaje de los grandes medios de comunicación, maneja resortes de poder interno y tiene apoyo externo. “El viento es otro pero no hay que confiarse”, fue una de las frases del intercambio que abarcó a los del regreso y a los que ya estaban, entre otros Cristina Álvarez Rodríguez, Víctor Santa María, Fernando Espinoza, Daniel Scioli, Wado de Pedro y el coordinador de la mesa, el experimentadísimo (84 años, cuatro veces gobernador de La Pampa, diputado, senador, convencional constituyente) Rubén Marín. Por lo que pudo establecer este diario, no está roto el puente con los que Solá llamó, en un tuit después del triunfo de Jair Bolsonaro, “los cuatro de la foto”, por Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Carlos Schiaretti. Al contrario. Los invitarán a integrarse y en todo caso la decisión correrá por cuenta de cada uno. Hasta ahora los cuatro están en campaña como precandidatos posibles. Pero, más allá de una foto que los distinguió del resto del peronismo, no dieron otro paso en común que otorgar una dosis más de la famosa gobernabilidad. Participaron de manera amistosa en las negociaciones del presupuesto bonaerense, en el caso de Massa, y del nacional en el caso de los otros tres. Massa pareció buscar otro perfil durante un diálogo con el periodista Luis Novaresio. “Yo estoy dispuesto a no ser nada, a ocupar el lugar que defina la gente o ningún lugar”, dijo. Y agregó: “Pero creo que tenemos que ponernos en la cabeza que por delante tenemos que construir la Argentina que queremos. Tenemos que dejar de hablar de Massa o Cristina y poner por delante el país que queremos”. Afirmó también Massa: “Estoy dispuesto a correrme y no ocupar ningún lugar. ¿Quién más está dispuesto a correrse y mostrarle a la gente que está poniendo por delante una idea de país?”. ¿Un guiño en busca de un acuerdo amplio, incuso con Cristina? ¿O solo un modo de no quedar estampado a Macri? Los que participaron de la reunión del jueves, en cambio, se cuidaron de no meterse en ninguna definición rotunda de la que no puedan salir. Ni siquiera discutieron, por el momento, las etapas de aquí a la definición de candidaturas, en junio próximo. Habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias si el Gobierno no da marcha atrás. Pero el peronismo, o el panperonismo como la gusta decir al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, o el nuevo frente cuando estén definidos integrantes y nombre, prefirió no inventarse un cerrojo. Puede haber, como pide Alberto Rodríguez Saá, un acuerdo sobre reglas básicas para establecer puntos comunes y pelearse (con límites) en las PASO. Pero no es obligatorio que en las PASO haya listas diferentes, porque tampoco está escrito que un partido deba llegar a las primarias sin lista única. Es probable que un nuevo paso se produzca el sábado17 de noviembre, que el peronismo celebra como Día de la Militancia por el primer regreso de Perón a la Argentina después del golpe de 1955. Ese día quedaría dedicado a la militancia por la unidad. El PJ también podría avanzar hacia la formación de equipos técnicos para definir los puntos comunes e incluso formular políticas concretas. La consulta periodística permitió comprobar que todavía no existe una idea nítida de campaña, de mensaje que condense por qué votar a alguien de ese espacio y no a otro. Un punto de acuerdo es describir la mala situación actual y explicarla detalle por detalle. Otro es la necesidad de salir del círculo planteado por el oficialismo de quién roba más que quién. Pero la síntesis aún no llegó.


Rossi le abrió la puerta a un acercamiento con Massa y el Peronismo Federal. Ámbito (domingo)
El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, propuso "un acercamiento" con el espacio del PJ "Federal" conformada por Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, con el objetivo de "encontrar una expresión unitaria de la oposición" de cara a la disputa electoral de 2019. En esa dirección, indicó que la Mesa de Acción Política del PJ nacional, inició también gestiones de unidad con otros partidos políticos como Proyecto Sur de Fernando "Pino" Solanas para poder converger en un frente electoral común en los comicios del año que viene. Y adelantó que intentarán incorporar a esa mesa a Florencio Randazzo, "porque a la oposición y al peronismo no le sobra nada" en la competencia con Cambiemos. "Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Si hay alguien que repetidamente se niega a esa potabilidad tampoco tiene demasiado más sentido. Sí reivindico que si realmente queremos ganar las elecciones tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar una expresión unitaria de la oposición", sostuvo el dirigente santafesino en declaraciones a Radio 10. Para Rossi, "no hay que subestimar la primera vuelta", y advirtió que hay algunos que "la subestiman" porque supuestamente en el balotaje se juntan todos los votos de la oposición. "No me parece que ese sea el camino. Por el contrario, el camino tiene que ser la construcción de una gran paso opositora en todo caso y después tratar de transitar las elecciones generales con un candidato o candidata única de la oposición", analizó. "A la oposición y al peronismo no le sobra nada. La señal de unidad también es al conjunto de la sociedad argentina de que de verdad queremos gobernar, que no estamos en una guerra de vanidades", agregó al respecto. El diputado kirchnerista destacó que el proceso de unidad ya comenzó a darse y que su expresión más cabal se ve en la representación que tiene el movimiento obrero organizado en el frente opositor que se está conformando. Resaltó que a propuesta suya, se definió la inclusión del secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, en la Mesa de Acción Política del PJ, completando prácticamente el álbum de figuras del sindicalismo que ya trabajan en el marco del mismo dispositivo electoral. "Allí va a estar representado el 100% del movimiento obrero organizado, o el 99,9%", enfatizó Rossi, que mencionó también las presencias de Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli, Héctor Daer y Antonio Caló. "Hacía muchísimo tiempo que la totalidad del movimiento obrero organizado no se expresaba unívocamente en términos políticos", subrayó, y agregó que "la potencia electoral que tiene esa expresión es importantísimo". Al evaluar las razones que derivaron en un mayor nivel de unidad dentro del arco de la oposición durante este año en comparación con los dos primeros años de gestión del macrismo, Rossi explicó que en ese bienio el oficialismo ejercía "una presencia mucho más hegemónica", que se empezó a resquebrajar a partir de la discusión de la ley previsional de diciembre del año pasado. "En 2016 y 2017 la hipótesis de muchos dirigentes era que había un gobierno macrista por 4 años mas después de 2019. Eso favorecía los escenarios de dispersión y de sálvese quién pueda. Hoy estamos en un escenario distinto. Se le exige a la oposición una alternativa que sea superadora a lo que hoy tenemos en la Argentina", reflexionó.


Magario y Espinoza se lanzaron a la pelea por la provincia. LPO (sábado)
Uno buscará se rival de Vidal, el otro intentará retener La Matanza. La definición será en febrero. Verónica Magario y Fernando Espinoza lanzaron en Mar del Plata un espacio político propio desde el que buscarán disputar la candidatura para la gobernación bonaerense. Acompañados por intendentes del peronismo, la estrategia de la dupla de La Matanza es juntar volumen político y lanzar en febrero un candidato para desplazar a María Eugenia Vidal y otro para continuar la gestión en el municipio más importante del Conurbano. ¿Quién irá por la gobernación? Desde La Matanza explican que eso lo decidirán las encuestas. Aunque por estos días pareciera que Espinoza es quien tiene más posibilidades. Por lo pronto, el acto de anoche en Mar del Plata sirvió para consolidar dentro del peronismo kirchnerista la voluntad de los matanceros de pelear por la candidatura a la gobernación. En el acto estuvieron los intendentes Juan Pablo De Jesús (Partido de La Costa), Gustavo Menendez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y los diputados de Unidad Ciudadana, Walter Abarca y Manino Iriart. También estuvo la diputada camporista Fernanda Raverta. Desde el entorno de Magario aseguran que el acto sirvió también como lanzamiento de la campaña de Raverta como candidata a intendenta de Mar del Plata. "Vinimos a Mar del Plata para poner en marcha este nuevo espacio, que queremos que sea con todos los sectores, que no haya excluidos", aseguró Magario y agregó que "nuestra expectativa para el año que viene es gobernar la provincia de Buenos Aires". En foco con los temas provinciales, Magario apuntó al presupuesto de Vidal. "Es a la misma medida que el presupuesto nacional" dijo y consideró que "se achica en Educación, en Salud, mientras se agranda en deuda y se encarecen las tarifas cada vez más". Espinoza asegura que el nuevo espacio busca captar sectores ajenos al peronismo y Unidad Ciudadana. "Convocaremos a los radicales de Raúl Alfonsín, a los socialistas de Alicia Moreau de Justo y a los ciudadanos apolíticos", dijo. En tanto, sobre la posible candidatura de Cristina, aseguró a 0223 que "si es candidata o no, será una decisión de ella. Pero ella ya nos mostró claramente cómo hay que gobernar". La pulseada de Magario y Espinoza dentro del peronismo kirchnerista es con Martín Insaurralde, quien asoma como el preferido del grupo de intendentes del PJ, que sostiene una alianza con Máximo Kirchner. El argumento de los intendentes es que le reconocen a Insaurralde una puja mayor a favor del grupo en la pelea de posiciones de poder, que luego reparte entre sus pares, como hizo en el caso de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Sin embargo, Magario podría aparecer como la favorita de Cristina Kirchner. Es que todo el peronismo bonaerense sabe que -más allá de su decisión de volver a pelear por la presidencia o no- Cristina va a tensionar (una vez más) la interna en territorio bonaerense, bendiciéndo candidatos propios. En esa línea, Magario mantiene de cara al interior del peronismo un perfil más combativo contra María Eugenia Vidal. En la provincia, Insaurralde acordó con Vidal en los primeros meses de 2018 ser el garante de la gobernabilidad al quedarse con la vicepresidencia de Diputados, un preciado cargo en términos de recursos y cargos.


La Iglesia acepta el reemplazo gradual de los aportes del Estado. La Nación (sábado)
La Iglesia anunció que aceptará el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, lo que implicará la renuncia a la asignación de $130 millones que recibe anualmente. La decisión fue comunicada en el cierre de la asamblea plenaria del Episcopado, que conduce el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar. Si bien desde agosto viene trabajando una comisión mixta, entre la Iglesia y el Gobierno, para buscar alternativas que puedan suplir el aporte estatal, la renuncia gradual de la Iglesia al aporte estatal generó impacto, tres semanas después del polémico acercamiento de los obispos Jorge Lugones y Agustín Radrizzani al sindicalista Hugo Moyano, a quien en la Casa Rosada consideran un enemigo. Por otra parte, en un mensaje grabado y difundido por las redes sociales, Ojea ratificó la cercanía de la Iglesia con los sectores apremiados por la pobreza. "La Iglesia no es un partido político, ni del Gobierno ni de la oposición. Es natural que nosotros tengamos en este momento de la vida nacional una preocupación particular por tantísimos hermanos que no llegan a fin de mes, por todos aquellos que están fuera del mercado laboral y por los que más sufren", dijo Ojea, acompañado por los arzobispos de Buenos Aires, cardenal Mario Poli , y de Mendoza, Marcelo Colombo. Consultado por LA NACION, el secretario de Culto, Alfredo Abriani, dijo que "el Gobierno comparte la preocupación de los obispos y estamos viendo la misma realidad". Y recordó el trabajo por la contención social que la Iglesia, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el gobierno bonaerense realizan en el conurbano. El debate sobre el financiamiento público de la Iglesia había salido a la luz pública en marzo de este año, cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló en el Congreso detalles de los aportes del Estado. Los fondos que recibe la Iglesia se destinan al pago de asignaciones a los obispados, becas para seminaristas y el sostenimiento de parroquias de frontera. El Episcopado anunció que se asumirá "el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común", para garantizar el sostenimiento. Los obispos anunciaron, además, la creación de una comisión episcopal para el sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia. "Trabajará en la creación de un fondo solidario y la continuidad del diálogo con el Gobierno, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo", se informó. Abriani, en tanto, dijo a LA NACION que "estamos trabajando sin apuro, para hacer las cosas bien" y anticipó que las alternativas que finalmente se decidan alcanzarán a todas las confesiones religiosas, no solo a la Iglesia Católica. "Lo que queremos es un cambio de paradigma. Dejar la creencia falsa de que el Estado sostiene a la Iglesia, porque el mayor sostenimiento está a cargo de los fieles", afirmó el secretario de Culto. Por el lado de la Iglesia, la renuncia al financiamiento del Estado se corresponde con la prédica de Francisco, quien desde los tiempos en que era arzobispo de Buenos Aires postulaba la conveniencia de mantener una relación distante de las estructuras de poder. El esquema de los aportes a la Iglesia reconoce su origen en el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que "el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". A lo largo del tiempo hubo una serie de leyes que reglamentaron ese principio, se estableció una asignación mensual para los obispos, equivalente al 80% de los haberes de un juez nacional de primera instancia. Según indicaron a LA NACION fuentes oficiales y eclesiásticas, ese porcentaje se redujo en la práctica en los últimos 15 años y actualmente un obispo percibe $46.000 mensuales, mientras que la asignación de un obispo auxiliar llega a $40.000. "La mayoría de ellos lo destinan al funcionamiento de la diócesis", revelaron en la Conferencia Episcopal, al confirmar que en adelante se buscarán otras variantes al aporte estatal. Entre los modelos de financiamiento para el sostenimiento del culto que se aplican en otros países y las variantes que se tendrían en cuenta, una opción sería constituir un fondo solidario con recursos propios, que al mejor estilo coparticipación, la Iglesia distribuya entre las diócesis, para compensar especialmente a las que tienen mayores gastos y menos ingresos. Lo que se resuelva, de todos modos, se aplicará a partir de 2020, ya que para 2019 se conservará el sistema vigente. El clima social En el mensaje grabado en el parque de la casa de retiros El Cenáculo, el obispo Ojea se refirió al clima social que se vive en el país. "Nosotros queremos cuidar y fortalecer la democracia. La calidad de vida está ligada a la salud de las instituciones. Reconocemos que la democracia tiene una deuda social: siempre están postergados los más pobres. Por eso la enorme cantidad de problemas que tenemos en el país está centralizada en esta deuda". Afirmó, además, que los obispos están decididos a "dar una lucha sin cuartel contra la corrupción, al interior de la Iglesia y fuera de ella". Recordó que Francisco "ha pedido tolerancia cero en muchos aspectos y nosotros queremos acompañarlo en esta reforma de la Iglesia que él emprende". También advirtió que "hay una agresividad muy grande en distintos medios con respecto al Santo Padre. Nunca como ahora, desde el interior de la Iglesia misma y desde afuera, se ha criticado de una manera tan tremenda al papa Francisco". Atribuyó la mayoría de los ataques a "la prédica social tan fuerte, que puede tocar algunos intereses" y lamentó que "hablar del Papa se ha transformado en no hablar de su doctrina y su magisterio, sino simplemente de un anecdotario". "Respecto a las críticas, de las cuales en algunos casos nosotros podemos ser culpables, queremos recibirlas con humildad, pero con mucha paciencia y sin perder el coraje de decir lo que tenemos que decir", advirtió el presidente del Episcopado.


Pinedo en la Pastoral Social: "El diálogo es el camino y no las piedras". Ámbito (sábado)
El presidente provisional del Senado llamó a "no caer en crisis destructivas de la economía y de la sociedad buscando la estabilidad como base para el desarrollo y para el crecimiento". El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, participó este sábado de las XXI Jornadas de la Pastoral Social de Buenos Aires y se refirió a la necesidad de establecer un pacto social: "La dignidad humana es el punto de partida cuando hablamos de pacto social". El dirigente del PRO eligió citar al padre del justicialismo y expresó: "Como decía Perón en 1974 'es un verdadero milagro que podamos dialogar y discrepar entre nosotros. (...) Por encima de los desencuentros nos pertenece por igual la suerte de la patria en la que está la suerte de nosotros'." "Tenemos el desafío ético de transformar la educación para el trabajo del siglo XXI, porque estamos frente a desafíos globales como el avance digital, la robotización, el calentamiento global o de la inteligencia artificial que, muchas veces, no se afrontan comunalmente. Tampoco se solucionan engañándonos o mirando para el costado." destacó Pinedo. Por último, el senador llamó a "no caer en crisis destructivas de la economía y de la sociedad buscando la estabilidad como base para el desarrollo y para el crecimiento; transformar revolucionariamente la educación para que los chicos puedan acceder a su trabajo en el futuro; y, reemplazar el Estado mafioso por el Estado de Derecho para recuperar las instituciones elementales de la convivencia".


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TEMAS

Carlos Rosenkrantz: "Eltema del impuesto a las ganancias no es la consagración de un privilegio. La Nación (domingo)
Por Carlos Pagni Ricardo Lorenzetti fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema de Justicia. El cambio inspiró un sinfín de interrogantes sobre el tribunal. ¿Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda forman una mayoría peronista contra Mauricio Macri ? ¿Hay que reemplazar al administrador de la Corte y modificar el sistema de escuchas judiciales, como pide la diputada nacional Elisa Carrió? ¿A qué se debe la mala imagen de la Justicia? ¿Se está exagerando con las prisiones preventivas en casos de corrupción? ¿Y en los casos de delitos de lesa humanidad? Si Macri volviera a invitarlo, ¿Rosenkrantz volvería a almorzar a la Casa Rosada? Mientras atardecía sobre la Plaza Lavalle, el presidente de la Corte Suprema se definió ante LA NACION en todos estos temas y se refirió a la exención de Ganancias de la que gozan los jueces: "La sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio. El impuesto a las ganancias no es la consagración de un privilegio". - Lo han elegido presidente de la Corte. ¿Cómo interpreta el contexto en el que le toca actuar? Mi nominación y la de Rosatti fueron importantes porque éramos dos miembros de cinco. De modo que las expectativas de renovación son altas, no es lo mismo uno de nueve que dos de cinco. El país en algún sentido perdió fe en el derecho y en el Poder Judicial. En las encuestas la reputación del Poder Judicial, cuando se la compara con la de otros países, es baja. Y la de la Corte también. Pero cuando se pregunta a los que litigan en el sistema, la reputación sube notablemente. La baja reputación en parte es producto de deficiencias, de problemas comunicacionales. Una de las cosas que el Poder Judicial tiene que hacer es comunicar mejor, hay muchas cosas que podrían haber sido explicadas mejor. - ¿Por ejemplo? El tema del impuesto a las ganancias. No quiero prejuzgar, solo establecer el marco de la discusión. La sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio. No es la consagración de un privilegio, sino cómo se hace para que los jueces paguen ganancias sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido. La pregunta es cuál es el juez que usted quiere; cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces, que es el mercado de la abogacía. - Hablábamos de la imagen del Poder Judicial. ¿En qué medida no está condicionada por la mala imagen de muchos jueces penales federales de la Capital, que tienen responsabilidad en sancionar la corrupción de los gobernantes? Seguramente la imagen que tiene el país de esos juzgados influye en la imagen que tiene el país de la Justicia. Es injusto imputarle toda la responsabilidad por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes que tenemos. Puede haber casos en los que las responsabilidades se pueden individualizar. Es verdad que la impunidad deslegitima el sistema penal. Pero para adjudicar responsabilidades debemos esperar sentencias definitivas. No deberían existir ni la impunidad ni la condena mediática. Además, los jueces no eligen ni remueven a los jueces. - ¿Qué valoración hace de la causa de los cuadernos para la lucha contra la corrupción? Con independencia de cualquier particularidad, esa causa puede representar un antes y un después. - ¿Está de acuerdo con la figura del arrepentido? Sí, porque sin esa figura se vuelve demasiado difícil romper la solidaridad que está en la base de cualquier organización criminal. - ¿Qué piensa del uso que se está haciendo de la prisión preventiva en causas de corrupción? Le voy a decir un criterio sobre el que he fijado posición. En el voto que ratificó la prisión preventiva de Milagro Sala sostuve que la prisión preventiva debe basarse en un razonable pronóstico acerca de la probabilidad de que el acusado pueda obstaculizar el proceso o fugarse. Para prorrogar prisiones preventivas se necesitan referencias específicas a las constancias de la causa. La prisión preventiva nunca puede ser la manera encubierta en que el Estado castigue a quien está sujeto a proceso. - ¿Eso incluye a los imputados por delitos de lesa humanidad? La ley no establece distinciones. Y debe ser aplicada con principios neutrales sin importar la identidad de las partes. - Vayamos a su rol como presidente de la Corte. ¿Tiene alguna prioridad en ese trabajo? Yo quiero que la Corte sea el lugar en el que todo el país da por sentado que los conflictos se resuelven de acuerdo con el derecho. Es un ideal ambicioso porque el país dejó de creer en sus instituciones. Pero creo que es un ideal realizable, porque hay funcionarios ejemplares y porque los ministros del tribunal comparten este ideal. En cuanto al trabajo, el presidente de la Corte tiene funciones representacionales, administrativas y maneja el flujo de casos. - ¿Usted se siente obligado a generar consensos? No. El único consenso que se necesita es el de servir al derecho. Las disidencias, cuando están bien planteadas, nos ayudan a descubrir el camino correcto. Entre nosotros hay trayectorias distintas. Los jueces Maqueda y Rosatti tienen una larga experiencia política. Cuando yo asesoraba a Alfonsín en la Constituyente, ellos ya eran figuras estelares en el campo constitucional. Lorenzetti tiene una experiencia más parecida a la mía. Ligada al ejercicio de la profesión. La doctora Highton siempre fue jueza. Son distintas historias de vida y eso puede dar lugar a sensibilidades diversas.


Sale o sale: el gobierno da todo por una reforma electoral. Clarín (domingo)
Por Ignacio Zuleta Bolsillo. El Gobierno apuesta a un acuerdo definitivo para una ley sobre financiamiento de las campañas. Si no sale, además, hay riesgos para varios apoderados de partidos. Las encrucijadas de la Corte y un peligro inminente. El Gobierno redobló el empeño acuerdista - que parecía agotado en el debate del Presupuesto —en el intento de que el Congreso apruebe, contra viento y marea, una ley de financiamiento de las campañas que implique un borrón y cuenta nueva. Eso incluye la autorización para que las empresas puedan aportar de manera legal lo que antes venía por izquierda, como lo intenta probar el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos. El efecto de ese escándalo, que compromete a funcionarios del anterior gobierno y a la crema del empresariado, es que con la ley vigente, que prohíbe aportes privados, ningún partido está en condiciones de competir. El dinero que da el Estado según el actual código electoral es para impresión de boletas y útiles de votación, y los espacios gratuitos en los medios. El resto de los gastos —movilizaciones, cartelería, transportes, pintadas, etc.— ha tenido siempre un origen inconfesable. Y la corrupción es lo inconfesable. El sistema que en 2009 prohibió esos aportes ha chocado con la realidad de un país que tiene el 40% de su economía en negro. ¿Cómo no iba también la política a hundirse en esas raíces oscuras? El dinero negro ya no viene porque todos ven sargentos escribientes y traidores en todos lados. Nadie podrá pedir ni nadie querrá dar. Salvo que una ley autorice al blanqueo de lo que era negro. No alcanzará a transparentar la otra fuente inconmensurable de dinero de campaña, que son los fondos reservados de los organismos que tienen el privilegio de ese uso. De eso nadie habla porque en ese oscuro mundo del espionaje estatal sigue habiendo códigos. Hasta que aparezca un escribiente de estómago resfriado, ya que todo vendrá. Por eso el dictamen del proyecto multipartidario que se conoció el miércoles por la noche, tiene una cláusula que lo envía directamente al recinto. La clave es una amnistia encubierta Lo leyeron juntos esa noche Miguel Pichetto y Emilio Monzó, y el jefe peronista pidió tiempo para discutir la inclusión de dos cláusulas que contenía un proyecto de él: que puedan aportar también los sindicatos y que las empresas puedan desgravar de los impuestos las sumas aportadas. Horas más tarde, se conoció la convocatoria para el 14 de noviembre para tratar el Presupuesto y las leyes-parche (bienes personales, mutuales, monotributistas, etc.). Es una sesión especial con menú limitado, para que el peronismo cristinista no incluya la reposición del Fondo Sojero. Pero la orden es agotar en los días que vienen un debate entre senadores y diputados con el mismo método que se aplicó con el presupuesto. Esta vez los legisladores de las dos Cámaras van a trabajar juntos para llegar a un texto que pueda ser aprobado por el Senado el 14 de noviembre, o a más tardar el 21, y que los diputados conviertan en ley sin chistar. Para eso hay que llamar a todos y extremar el ánimo acuerdista. “Vamos a ceder todo lo que sea necesario con tal de que la ley salga”, es la instrucción que bajó el Gobierno a los caciques legislativos. “Si no lo hacemos – sigue el dictamen – tendremos que poner de apoderados a viejitos de 90 años que tengan prisión domiciliaria asegurada”. No es algo fácil porque Elisa Carrió, que sigue esta semana en Tierra Santa, se opone a autorizar que las empresas aporten a las campañas. Tampoco en el bloque radical de Diputados están muy dispuestos a apurar el debate. Para lograr que no haya disidencias en una ley que, además, requiere una mayoría especial por su naturaleza electoral — la mitad más uno de los miembros de cada Cámara— habrá que ser más que elásticos. El peronismo cristinista se resiste a ese proyecto porque cree que beneficia a Cambiemos por un efecto tácito. El oficialismo tiene las cuentas de campaña de 2015 impugnadas porque aplicó aportes de empresas que eran para el sostenimiento del partido. Según la Justicia, fue un artilugio para eludir la prohibición. La situación compromete a los apoderados del partido y puede alcanzar a los candidatos. Si el Congreso aprueba la nueva ley, los encausados irán a la Justicia para invocar la ley más benigna para zafar de los castigos. El otro efecto de la no aprobación de las cuentas de 2015 es que Cambiemos, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador —con cuentas observadas por hacer figurar aportantes truchos— tampoco podrán recibir los fondos de la Nación para sus actividades. Zafa Unión Ciudadana, que no existía en 2015 y que sí podrá recibir fondos por la elección de 2017. Picardías en todos lados. Pichetto blindó pactos con Frigerio en la Casa de Gobierno La elasticidad acuerdista abrió puertas que parecían cerradas. Rogelio Frigerio, ministro responsable de la reforma electoral, se encerró en el Congreso con el santiagueño Gerardo Zamora y destrabó fondos para esa provincia, y también dejó abierta la puerta para que se designe al final al candidato a juez federal Santiago Argibay, impugnado por el radicalismo, por haberle autorizado una reelección en exceso a Zamora. El acuerdo es para una sesión especial en la que se tratará el pliego de otro candidato cuestionado, Gustavo Fresneda, candidato a juez federal de Paso de los Libres, Corrientes, que también está demorado por reproches radicales. El jueves el frenesí acuerdista para cerrar estos compromisos y terminar de desojizar la sesión del 14, hizo necesaria la presencia de Pichetto en la Casa de Gobierno, adonde llegó poco después de que terminase la reunión de Gabinete. Si alguien imagina que pudo cruzarse con el propio Macri, no se equivoca. Ocurrió todo a la luz del día, sin túneles ni pasadizos. Estaba por ahí José Luis Manzano, pero juran que era por otros trámites de cúpula, aunque llegó a compartir algunos minutos con Pichetto en el despacho de Frigerio. En esos espacios se oyó la voz oficial: el acuerdo por Argibay es viejo y se va a cumplir, pese a que los radicales juran que no firmarán el acuerdo. De eso se va a encargar Lilita cuando regrese y va a tronar el escarmiento. Las promesas incumplidas, clave del culebrón de la Corte Ricardo Lorenzetti cree haberle escuchado a Mauricio Macri la promesa de que este año el oficialismo iba a retirar los pedidos de juicio político que había contra él y algún otro juez, como Horacio Rosatti. Fue en una secretísima reunión con el presidente, con testigos-garantes que pueden haber escuchado lo mismo. Fue antes de las elecciones legislativas del año pasado y el recuerdo salta ahora, cuando el ex presidente de la Suprema Corte es señalado por la Casa de Gobierno como uno de los coroneles de la oposición. No sólo le incumplieron la promesa, sino que además le hicieron una zancadilla para sacarlo por sorpresa de la presidencia del Tribunal. Estas leyendas animan la severa boisserie de los despachos del cuarto piso de la calle Talcahuano, sede del Supremo, y suenan como explicación a los entuertos de la semana, como el fallo a favor de La Pampa, que el Gobierno cree fue un misilazo parecido al que, en 2015, dos días después del victorioso ballotage presidencial, le dio una bienvenida bélica a Macri presidente. Esa sentencia ordena el pago retroactivo de las detracciones que hizo la Afip a la provincia de Carlos Verna. Una afirmación del federalismo, que había tenido aquel fallo en favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Si se le pregunta al Gobierno si la sentencia pampeana hubiera podido ser en favor de la Nación, te responden: imposible. Lo que hiere es la oportunidad. ¿No pudieron esperar unos días, para sacarlo del fuero de atracción del debate del Presupuesto? ¿Justo ahora se les ocurre, cuando el país está bajo la lupa del FMI? Si Carlos Rozenkrantz lo pedía, afirman del lado de la mayoría que firmó el martes, pocas horas antes del almuerzo de éste y Elena Highton, se lo hubiera postergado. Pero Rozenkrantz no pide esas cosas, o no le interesan. Diferente de Lorenzetti, que arbitraba los tiempos con eficacia política, en beneficio de su posición de poder; tampoco hace alarde de manejar el timing político. En una sentencia anterior, caso Etchecolatz, Rozenkrantz también votó por las suyas en minoría. No le interesa construir mayoría, una faena que se aprende en los cuerpos colegiados, como el Congreso o los tribunales de alzada. En esos cuerpos, lo primero que se aprende es a medir los efectos de lo que uno dice o hace en los demás. Porque la principal tarea es construir número para que las decisiones avancen. Rozenkrantz no parece interesado en construir mayorías, y eso desnuda más aún las disonancias entre el Gobierno que le prometió a Lorenzetti el cese de hostilidades y el virtual estado de guerra con el oficialismo. El Gobierno se previene de inminente cañonazo previsional de la Corte El fondo de las diferencias es que el Gobierno ya se enteró de que hay mayoría en el Tribunal para insistir en la aplicación de una fórmula de aumento de las jubilaciones que le sale más cara que la que imaginó en su momento Mario Quintana cuando reformó el cálculo, y la que decidió la ANSeS por resolución. Esta batalla la tiene perdida el Gobierno, porque la Corte tiene número para insistir en el cálculo de un fallo de 2009, y puede ser otra señal inoportuna. Está para salir en cualquier día y sólo puede dilatarse para tiempos mejores, si Rozenkrantz interviene en el armado del orden del día y pide postergación. Si lo hace será una novedad, efecto del aprendizaje de estas semanas como titular de la Corte. Es libre de cambiar el estilo heredado de Lorenzetti, que jugó todo para ser el jefe político de la Justicia, con un poder que antes sólo había tenido Julio Nazareno. Si interviene en los tiempos de esa sentencia fatal, el nuevo titular de la Corte estará levantando bandera blanca para sentarse a hablar de lo que hasta ahora no ha querido, con sus colegas de la Corte. No tener una Justicia controlable por el Ejecutivo, aunque parezca una canallada institucional, es algo que de afuera observan como una de las caras de la inseguridad jurídica. Por eso los gobiernos buscan tener una Corte propia, de Roosevelt a Perón, y de Alfonsín a Menem. ¿Lo aseguraba eso Lorenzetti? Tampoco. Le arruinó el festejo del triunfo a Cristina de Kirchner en 2007 con el fallo Badaro, que aumentaba jubilaciones, a Sergio Massa en 2013 con el fallo en favor de la polémica ley de medios audiovisuales, y a Macri cuando ganó el ballotage del 22 de noviembre de 2015. La mesa de juristas que rodea a Macri —llamada en el cuarto piso el “Comité de salut public”— lo tuvo siempre a Lorenzetti en la mira, y fue la que aconsejó no levantar los pedidos de juicio político de Carrió al santafesino. Llamar a esa mesa el “Comité de salut public” evoca con acidez la creación de los jacobinos franceses en 1793 para sanear Francia, y que manejaron hasta el extremo Robespierre y Danton, y es la declaración de una guerra que recién comienza.


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