NOTICIAS POR SECTORES

SECTOR ELECTRICO

Con boleto de salida para diciembre y en medio de fuertes cuestionamientos, Lopetegui contrata una consultora privada para reformular el sector eléctrico. Transporte y Energía
Por Antonio Rossi

Ya había generado ruidos y objeciones antes de las elecciones PASO por la falta de argumentos para sostener seriamente el proceso licitatorio. Y ahora, tras la catastrófica derrota del macrismo a nivel nacional que prenuncia su eyección de la Casa Rosada, la contratación resulta más que sospechosa y cuestionable.
Se trata de la licitación que llevó adelante --por medio de la CAMMESA—la Secretaría de Energía de Gustavo Lopetegui con el fin de contratar una consultora internacional para que se encargue de analizar la situación actual y proponer un nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico.
Cuando muchos esperaban un acto de sensatez que dejará sin efecto la polémica licitación, los funcionarios de Energía resolvieron --en medio de la fuerte devaluación y el desmadre de los precios que sobrevinieron luego de las PASO—mantener en pie la jugada y avanzar con la adjudicación del contrato con la consultora internacional Nera Economic Consulting.
Con su base en Nueva York, la firma Nera logró quedarse con la contratación de CAMMESA llevando como colaboradores locales a dos especialistas de la consultora BA Energy Solutions identificados con el macrismo: Claudio Guidi y Jorge Espain.
Más allá de lo inoportuna que resulta en este momento de crisis económica e incertidumbre política, lo que también ha llamado la atención en el sector eléctrico es el apuro mostrado por el área de Lopetegui para sacar adelante la licitación a solo cuatro meses del cambio de Gobierno.
Si bien es cierto que la regulación del sector eléctrico ha venido acumulando en los últimas dos décadas numerosos parches y enmiendas por resoluciones y decretos que en algún momento deberían ser motivo de un nuevo ordenamiento legal, dicha tarea no encabeza actualmente la lista de prioridades a encarar cuando existen numerosos problemas operativos y un marcado deterioro de las cobranzas y pagos internos que requieren una atención más urgente de las autoridades.
A las críticas de las empresas del sector se han sumado ahora los cuestionamientos de técnicos de la CAMMESA que avizoran un panorama más que complicado con la llegada de un nuevo Gobierno que se ponga a revisar con lupa el funcionamiento y las decisiones tomadas por los responsables del organismo desde diciembre de 2015 hasta la actualidad.

Entre otros puntos oscuros que señalan se encuentran los siguientes:
--La contratación de la consultora NERA no cuenta con ningún análisis previo que justifique la necesidad de establece un nuevo marco regulatorio.
--Al canalizar la licitación por medio de la CAMMESA, la administración macrista evitó utilizar las normas de contratación del Estado para disponer de un servicio de consultoría.
--Con el requisito fijado a los consultores extranjero de tener un socio local, los oferentes pudieron eludir las normas del régimen del “Compre Argentino”.
--Resulta una marcada incongruencia que sea la CAMMESA –que es una compañía administradora que está integrada por los todos los agentes del mercado eléctrico—la que contrate a una consultora privada para cambiar las regulaciones operativas y económicas que van a afectar a esos mismos agentes del sector.
A los cuestionamientos por la contratación de NERA, se sumaron en los últimos días nuevos reclamos de las empresas generadoras por atrasos en los pagos de las transacciones del mercado eléctrico mayorista (MEM). Con una nota dirigida al Subsecretario de Mercado Eléctrico, Juan Luchilo; la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA) le advirtió al Gobieno que la CAMMESA “ha incurrido en atrasos en el pago de las transacciones por los años 2012 a 2016 a los que se le suma la transacción del mes de julio de 2018, cuyos intereses a la fecha no han sido cancelados”.
A eso se agrega –según los generadores—que “desde diciembre del año pasado CAMMESA paga las transacciones mensuales fuera del plazo de vencimiento”.
Frente a esta situación --y a modo de mensaje para el próximo Gobierno--, las empresas generadoras le reclamaron a los funcionarios de Energía que usen las partidas previstas en el Presupuesto para que la CAMMESA liquide y pague los intereses acumulados y regularice los pagos de las futuras transacciones mensuales “de manera de evitar mayor incertidumbre en el mercado eléctrico y en el sector de generación”.


10 puntos clave sobre la cuestión fiscal y privatización de activos estatales energéticos. Ámbito
El flamante ministro de Hacienda se refirió, en su primera aparición pública, a los resultados del sector público no financiero al mes de septiembre, proyectando incluso a diciembre. ¿Superávit o déficit? ¿Se cumplen las metas del FMI o no? Y si se cumplen, ¿gracias a qué aportes? Asimismo, aprovechamos la oportunidad para insistir en advertir una posible segunda ola de privatización de activos energéticos estatales. Superávit del primer semestre. Falso. La venta de dos centrales termoeléctricas construidas durante el gobierno kirchnerista explica 40.416 millones de pesos de los ingresos totales del sector público no financiero. Sin esta privatización de activos estatales, el resultado del semestre hubiera arrojado un déficit cercano a los 10.000 millones de pesos, en lugar de los supuestamente 30.000 de superávit oportunamente celebrados. (1)

Ministerio de Hacienda, 12 de julio de 2019. Como ya hicimos notar, en el caso de la central Barragán, llama la atención que figure en pesos la totalidad de la transacción (533,4 millones de dólares) cuando el desembolso en efectivo fue menos de la mitad: 229,4 millones. El resto, se cancelará a través de una deuda adquirida por el consorcio. Igual para Brigadier López (325 millones de dólares), de los cuales solamente 165 millones fueron desembolsados en efectivo.
Lacunza anunció superávit a septiembre (acumulado enero a septiembre). Falso. Sin las ventas de las referidas centrales térmicas -más otros activos energéticos estatales- en lugar de los 17.721 millones de superávit (resultado primario) anunciado por el flamante funcionario el déficit hubiera sido de 26.875 millones de pesos (sin corregir por devaluación). La meta acordada con el FMI es de un déficit de -3.222 millones.
Igual para las proyecciones a diciembre. Falso. El resultado primario del déficit de 106.865 millones de pesos a diciembre (lo que daría un sobrecumplimiento de 5.197 millones en función de las metas acordadas con el FMI), es indisoluble de la referida privatización de activos energéticos, más un agravante: hay un incremento de ingresos no discriminados en ítem "recursos de capital" respecto del acumulado a septiembre por 169.643 millones de pesos.

Nótese como se presenta el sobrecumplimiento de 5.197 millones de pesos en signo positivo. En realidad, se trata de 5.197 millones de pesos de déficit que nos ahorraríamos sobre un total de pérdidas por 101.668 millones consecuencia del austeridazo macrista.
Preguntamos: ¿Esos ingresos adicionales involucran la venta de nuevos activos estatales del sector energético de aquí a fin de año?
Recordemos que el Decreto 882 de 2017 definió la "venta al sector privado (no se aclaró si involucra también al capital extranjero) de la participación accionaria estatal en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, José de San Martín (Central Timbúes), Vuelta de Obligado, Guillermo Brown, Güemes, Central Puerto, Central Dique y Centrales Térmicas Patagónicas. Igual para el proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II".
Asimismo, el Decreto 882 establece la privatización de la participación accionaria de IEASA (ex ENARSA) en CITELEC, sociedad controlante de Transener, dejando abierta la puerta para la privatización de las represas sobre el Río Santa Cruz y las acciones clase C de Dioxitek, como se sabe, en poder de la CNEA
O sea, corremos el riesgo de que también se privaticen otras termoeléctricas y activos estatales. Es decir, recursos de los argentinos y las argentinas a financiar el ajuste del FMI, la profundización de la recesión y el empobrecimiento masivo ciudadano.
En suma, a fin de año y sin el aporte de lo privatizado a la fecha, el supuesto sobrecumplimiento con el FMI de 5.197 millones de pesos -conforme anunció Lacunza- se transforma (sin ajustar por devaluación) en un incumplimiento de -39.399 millones. Pero esto, claro está, contemplando un incremento de ingresos de 169.643 millones desde septiembre, y que no está discriminado su origen, temiendo que buena parte de los mismos puedan provenir de más privatizaciones en el marco del Decreto 882.
En este sentido, más que a Lacunza, debería preguntársele a Lopetegui si habrá nuevas ventas de activos estatales en el sector energético.
Independientemente de ello, el cumplimiento o no de las metas fijadas por el FMI dependen pura y exclusivamente de la privatización de centrales y empresas con participación estatal. Así estamos...
(1) El Ministerio de Hacienda, en poder del FMI, celebró oficialmente el viernes 12 de julio haber logrado por "primera vez en ocho años que el sector público nacional no financiero [tenga] un primer semestre con superávit primario". En la presentación del reporte figura la siguiente imagen. Efectivamente, se consiguió en el primer semestre un resultado primario superavitario por 30.221 millones de pesos. Ahora bien, la venta de dos centrales termoeléctricas construidas durante el gobierno kirchnerista explica 40.416 millones de pesos de los ingresos totales del sector público no financiero. Sin esta privatización de estos activos estatales, el resultado del semestre hubiera arrojado un déficit cercano a los 10.000 millones de pesos.


EPEC generará más energía de fuentes renovables. Diario de Carlos Paz (Córdoba)
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba obtuvo la adjudicación de un proyecto de repotenciación de la central La Calera en la tercera ronda del plan RENOVAR – MiniRen. La convocatoria, para la presentación de propuestas, fue realizada por la Secretaría de Energía de la Nación, en el marco de la Ley 27.191 – Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
El proyecto de EPEC, que resultó adjudicado, contempla el reemplazo de dos turbinas de las cuatro que tiene la central desde su creación y de una de las dos tuberías forzadas que alimentan de agua a las turbinas. Además, la instalación de todo un equipamiento nuevo: generador, sistemas de controles y de comunicación.
La repotenciación de esta usina implicará el aumento de un megavatio a la actual capacidad de producción de energía. Así, la central pasará a tener 5 megas instalados, con una producción estimada de 20 mil megavatios/hora anuales, que se destinarán a la red eléctrica nacional, a través de la red provincial.
El principal beneficio que aportará la obra es una mejor utilización del río Suquía. EPEC tiene dos usinas en funcionamiento, San Roque y La Calera, que aprovechan este cauce para generar electricidad. Con la repotenciación, aumentará la producción de energía eléctrica a partir de este recurso natural.
La obra incluirá adaptar las instalaciones para las nuevas maquinarias, con un sistema de comunicación que permitirá que la central sea telecomandada. Lo mismo ocurrirá en los pequeños aprovechamientos hidráulicos que están en construcción. Estas nuevas plantas contarán con personal de mantenimiento rutinario, pero no requerirán personal de forma permanente para operarlas.
“El tiempo estipulado para la puesta en funcionamiento de esta repotenciación es de tres años, sin embargo vamos a solicitar a la empresa que resulte adjudicada con la obra que mejore el plazo de entrega, para que las nuevas turbinas comiencen a funcionar cuanto antes”, aseguró el gerente de Generación de EPEC, Alejandro Dallasta.
“La particularidad que tenía esta ronda 3 es que la potencia máxima permitida para los pequeños aprovechamientos hidráulicos es de hasta 10 megas, por es lo llaman el mini RenovAr. En este momento, nosotros tenemos una cartera de proyectos que estamos desarrollando y de acuerdo a las condiciones que proponga la ronda 4, veremos qué propuestas llevamos”, agregó el subgerente de Planeamiento de la Generación y Desarrollo de Proyectos, Lucas Gumierato.


Tarifas: productores y pymes piden intervención al EPRE. ADN Río Negro
La Federación de Entidades Empresarias (FEERN) y la Federación de Productores Frutícolas de Río Negro, confluyeron en un pedido de intervención al gobierno provincial y al Ministerio Público para evitar que las tarifas de energía eléctrica sufran modificaciones, e impacten en el bolsillo de los usuarios y golpeen aún más la economía pyme.
Las entidades, que sumaron el respaldo de diferentes sectores productivos, sindicales y políticos, vienen expresando sus quejas a los tarifazos de luz y gas por el perjuicio que generan a las industrias y las economías regionales, un sector que sufrió fuerte el impacto de las políticas económicas nacionales.
Desde hace un tiempo, vienen solicitando medidas a Provincia y Nación sin éxito. Ahora, ponen el foco en la empresa EdERSA, por el posible traslado de la deuda que tiene con CAMMESA a los usuarios.

El documento
El pueblo rionegrino está a punto de ser víctima de un nuevo atropello por parte de la empresa distribuidora de la energía eléctrica en la provincia de Río Negro (EdERSA), gravísima situación que sólo se concretará si prospera su intento de trasladar a los usuarios la deuda por más de 3.000 millones de pesos que mantiene con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).
Ante ello, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), y demás entidades que acompañan este documento (*), no pueden menos que exigir la intervención del Ente Regulador de la Energía (EPRE), del Gobierno Provincial y de la Justicia Rionegrina para que ello no ocurra, en resguardo de los intereses de la población.
Para evitar ese avasallamiento se requiere la cancelación de las obligaciones contraídas por el inescrupuloso manejo de grupo inversor sin que sean incorporadas como costo en las tarifas que abonan todos los rionegrinos y, además, sin que las mismas sean incrementadas hasta tanto no se haya producido la liquidación de las deudas antes mencionadas. Por otra parte, se solicita el llamado a licitación pública internacional, tal como fija el contrato de concesión, cumplidos los cinco años de gestión del actual grupo inversor.

Historia concluyente
Las desventuras en el sistema eléctrico provincial se iniciaron en 1996, tras la privatización el ente regulador permitió absorber la deuda de los accionistas, dejando endeudada a una empresa distribuidora que estaba totalmente saneada. En el año 2014 fuimos nuevamente victimas de manejos inescrupulosos, cuando el grupo Neuss absorbió el 100% del paquete accionario sin llamado a Audiencia Pública Internacional, tal como marca el contrato de concesión.
Los incrementos constantes del Valor Agregado de distribución desde el ingreso de este grupo inversor, pasaron de 192 millones de pesos en el año 2014 a 1.300 millones en el año 2019 (más de un 577% de aumento), queriendo ahora incrementarlo nuevamente y trasladar las deudas del distribuidor a los usuarios. La deuda que EdERSA mantiene con CAMMESA ya supera los 3.000 millones de pesos, monto superior a las garantías que tiene el grupo inversor.
Cabe señalar que la misma se origina en el no pago, desde Agosto del 2014, de la energía suministrada por CAMMESA para su distribución, incumpliendo todos los acuerdos y planes de pagos propuestos, poniendo al límite de cortes e interrupciones al suministro que abastece a todos los usuarios.
Para conocimiento de la sociedad, por la energía vendida EdERSA debería realizar pass trhough, o sea cobrar el mismo precio del Mercado Eléctrico Mayorista a los usuarios, es decir trasladar su justa incidencia, pero nada de eso sucede, ya que cobra precios muy superiores a los fijados por el Agosto | 2019 mercado eléctrico, incumpliendo con lo que fija la legislación vigente. Nada de todo esto se podría producir sin la anuencia del Ente Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Gobierno provincial. EdERSA fue en estos últimos años un negocio financiero, en lugar de ser un negocio de distribución. Es pertinente aclarar que cuando el usuario pagaba su factura también estaba abonando el cargo correspondiente a CAMMESA, es decir que EDERSA cobró al usuario pero no pagó a CAMMESA, y hoy pretende que los rionegrinos volvamos a pagar lo que ya habíamos abonado.

Por el cumplimiento de la Ley
Con nuestro reclamo a las autoridades, cumplimos además con la necesidad de poner en conocimiento de toda la población la situación dramática que estamos viviendo los usuarios del servicio de electricidad de Rio Negro, donde una empresa monopólica, sin control por parte del ENTE REGULADOR, avasalla los derechos de la sociedad en su conjunto, impidiéndole ser competitiva, abrir nuevos puestos de trabajo y brindar seguridad jurídica para que nuevas inversiones se emplacen en nuestra provincia.
Reclamamos incansablemente a nuestros funcionarios públicos que no le den la espalda a una sociedad que pretende reglas de juego claras; especialmente solicitamos la inmediata intervención del Sr. Procurador General de la provincia para que instruya a los fiscales a su cargo sobre la inmediata investigación de estas irregularidades en las cuales no solo participan empresarios sino también funcionarios públicos encargados de controlar el fiel cumplimiento del contrato de concesión y las normas legales vigentes, además de la apertura inmediata y difusión de la auditoría realizada oportunamente a la firma EdERSA. De nuestra parte, bregamos por el cumplimiento de la Ley y por una tarifa de energía justa y razonable, con la calidad en el servicio que los rionegrinos nos merecemos.

Respaldos
Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén; CINEX – Cámara del Jugo Concentrado; S.T.I.H.M.P.R.A. – Sindicato del Hielo; U.A.T.R.E. – Sindicato Rurales; Sindicato de la Fruta; CAFEMA – Cámara de Forestadores; Parque Industrial General Roca; Consorcio de Riego G. Roca; Cámara Productores G. Roca; Martin Soria – Intendente General Roca; Carlos Antonio Vazzana – Intendente Villa Regina; Parque Industrial Villa Regina; Cámara Empresaria Villa Regina; Cámara Empresaria Allen; Cámara Empresaria General Roca; Cámara Empresaria Viedma; Cámara Empresaria Cipolletti.


El futuro legal de los contratos en dólares de las energías renovables: la clave que analizan los expertos en derecho energético. Energía Estratégica
Juan Pablo Fratantoni y Agustín Siboldi, socios de O ´Farrell abogados en las áreas de M&A y Energía, respectivamente, analizaron en una entrevista para Energía Estratégica la situación y el futuro legal de los contratos de energías limpias que se firmaron durante la gestión de Mauricio Macri.
¿Hay seguridad jurídica sobre la continuidad de los proyectos de RenovAr adjudicados?
Los Contratos de Abastecimiento celebrados en el marco del Programa RenovAr están dotados de las herramientas legales necesarias como para armar que reconocen un muy alto nivel de seguridad jurídica, con soluciones expeditivas en caso de incumplimiento por parte del off taker, hoy día CAMMESA.
El hecho que el propio Programa RenovAr parte de una ley gestada y sancionada – por unanimidad- durante el año 2015 bajo el gobierno anterior y ha sido reglamentada y ejecutada por el actual, sería demostrativo que es el resultado de una política que excede a uno u otro signo político.

¿Y desde el punto de vista estrictamente legal?
Más allá de tal seguridad jurídica, está claro que todas las herramientas legales que brinda al inversor el Programa RenovAr y el Contrato de Abastecimiento celebrado en consecuencia, están allí para asegurar la cobrabilidad del crédito por parte de las entidades crediticias que permiten fondear los proyectos de generación a partir de fuentes renovables, así como para reducir el costo de tal nanciación, a sabiendas que el desembolso de la inversión se produce íntegramente en un breve periodo de tiempo y se amortiza en otro muy extenso, más aún en términos económicos y políticos.
Lo que tratamos de decir es que se busca brindar seguridad jurídica a los inversores a través de las distintas herramientas que contemplan el Programa RenovAr y el Contrato de Abastecimiento, pero que en última instancia, se trata de la construcción de confianza y crédito en el largo plazo, lo cual es en definitiva el resultado del cumplimiento sostenido en el tiempo de las obligaciones asumidas por el Estado a través de estos regímenes, al extremo que en el caso de que sea necesario que los inversores hagan uso efectivo de esas herramientas brindadas; ello será motivo suficiente para que se destruya toda la confianza que a nuestro país tanto le cuesta construir a partir de los reiterados incumplimientos en los que ha incurrido en el pasado.
De allí que, en el marco de una eventual renovación de autoridades, sea necesario que el debate de ideas procure construir a partir del camino recorrido y evite enviar señales que sugieran cambios radicales en la política sectorial o bien incumplimientos a lo acordado. Esto es clave.

¿Se podría repetir la situación de la Resolución 202 que llamó a renegociar contratos de la Resolución 108?
Lo que señalábamos recién no implica negar alternativas de adecuación de las obligaciones asumidas ante circunstancias sobrevinientes, pero –de ser tal el objetivo- ello debe ser siempre el resultado de una gestión que busque el acuerdo del inversor que evite toda referencia a la modicación unilateral de lo acordado. El derecho comparado nos ofrece muchos ejemplos en ese sentido, con procedimientos de revisión de marcos normativos o contractuales ante situaciones disruptivas (usualmente vinculadas más con cuestiones tecnológicas que macroeconómicas, como sería nuestro caso; como lo es el ejemplo de la Autoridad
Inglesa del mercado de las telecomunicaciones, OFCOM, que prevé tal posibilidad de revisión y establece un procedimiento al efecto, que garantiza el debido proceso y respeto al derecho de propiedad).
En este sentido, se debe considerar un escenario donde las variables macroeconómicas puedan cambiar sustancialmente. Allí, la clave pasa en nuestra opinión por asegurar que todo cambio macroeconómico sustancial no importe la ruptura de la ecuación económica de los Contratos de Abastecimiento, beneficiando a una parte y perjudicando a la otra. De ser tal el caso, se debería recurrir a los procedimientos antes referidos, en la búsqueda de un acuerdo que permita el restablecimiento de tal ecuación, de modo que mantenga su equilibrio por todo el plazo contractual acordado.
Lo que sin dudas se debe evitar es que tales cambios impliquen una ruptura de tal ecuación, en cualquier sentido, y que las partes se nieguen a acordar en buena fe su restablecimiento. No estamos diciendo que ello haya ocurrido, es un análisis teórico en beneficio de la respuesta a la pregunta que respondemos, frente a contratos acordados en moneda dura, con costos asociados con tal unidad de cambio (equipos y su mantenimiento), pero que en alguna porción reconocen también costos locales, devengados en moneda de curso legal que –si bien guardan relación con la moneda extranjera en cuestión, evolucionan a otro ritmo y de acuerdo a variables diferentes. Ello también es una forma de construir conanza y recuperar el crédito.

¿Se podrían modificar los precios ya contratados?
En el caso en que se verique la ruptura de la ecuación económica de los contratos por causas sobrevinientes, una alternativa bien puede ser ajustar los precios a n de restablecer su equilibrio. No obstante, cabe recordar que el precio es sólo una de las variables a considerar, sin dudas muy importante, pero hay otras que podrían observarse al efecto de recomponer una eventual ruptura de la ecuación contractual (plazo, calidad, disponibilidad, penalidades, etc.).
Es importante destacar que la modificación de los precios ya acordados se encuentra, de hecho, prevista en la cláusula 16 de los contratos de abastecimiento celebrados en el marco de las Rondas 1, 1.5, 2 y 3 del programa Renovar

¿Qué plantea esa cláusula?
Según dicha cláusula, en caso de que se produzcan cambios en las condiciones económicas, legales, o de otra naturaleza (incluidos cambios de ley) que (a) no sean atribuibles a las Partes, (b) sean extraordinarios e imprevistos y (c) resulten en la excesiva onerosidad en el cumplimiento del contrato por cualquiera de las Partes de modo de alterar de manera fundamental las premisas comerciales sobre las que se suscribió el contrato, la parte que se considere perjudicada podrá requerir la revisión de las condiciones contractuales afectadas y la contraparte deberá responderla o negar la revisión de las condiciones requerida.
Pero aún en el caso previsto en dicha cláusula, la misma cláusula se ocupa de aclarar que las condiciones originales del contrato se mantendrán válidas y vigentes hasta que las partes (con el consentimiento del representante de los Acreedores Garantizados, según se los dene en el contrato –para el caso de que resultare aplicable–) lleguen a un acuerdo sobre la revisión de las condiciones contractuales afectadas o hasta que la revisión de las condiciones contractuales afectadas sea ordenada por el tribunal competente que intervenga en caso de controversia al respecto.
Es decir, si bien los contratos prevén el ajuste de las condiciones contractuales en caso de que se verifique la ruptura de la ecuación económica en los supuestos antes enunciados, dicho ajuste lejos está de ser automático y discrecional para cualquiera de las partes actuando en forma unilateral

¿Qué herramientas legales tienen los proyectos adjudicados para defender sus contratos?
La principal herramienta es el derecho de todo titular de un proyecto adjudicado bajo el Programa Renovar a reclamar el cumplimiento de la prestación asumida por la contraparte en los contratos tal como fuera originalmente asumida, conforme surge de los artículos 724 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Adicionalmente, los titulares de los proyectos pueden ejercer los derechos que surgen del acuerdo de adhesión al FODER (que en ciertos casos se encuentran garantizados por el Banco Mundial), que incluyen: (i) el derecho a reclamar al fiduciario del FODER los importes cuyo pago haya sido incumplido bajo el contrato de abastecimiento; y (ii) el derecho a vender forzadamente el proyecto al fiduciario del FODER –en caso de ciertos incumplimientos severos y eventos puntuales indicados en el acuerdo de adhesión del FODER– a un precio previamente acordado entre las partes y que también se encuentra definido en dicho acuerdo. El hecho de que el precio de ejercicio de la opción de venta se encuentre ya definido y acordado en el acuerdo de adhesión al FODER debería servir, en sí mismo, como una protección para las partes por la reducción de los costos transaccionales que ello supone.
Finalmente, la inclusión del arbitraje internacional bajo las reglas de la CNUDMI como mecanismo de solución de controversias debería también funcionar como herramienta de los titulares de proyectos adjudicados bajo el Programa Renovar para proteger tales proyectos.

¿Cómo evalúa el contexto para el lanzamiento de una nueva Licitación Ronda 4?
Más allá de lo estrictamente legal, que no ofrece obstáculos, hasta tanto no se explicite la vocación de la oposición –con chances de ganar de las elecciones presidenciales- de dar continuidad a las políticas trazadas por las actuales autoridades, y se supere el actual contexto de fuerte incertidumbre macroeconómico y político, parece razonable que la Ronda 4 se vea postergada. Ello se ve reforzado por el hecho que esta ronda implica fuertes inversiones en transmisión a n de vincular los nuevos proyectos al Sistema Argentino de Interconexión –SADI-, extremo que acrecienta la necesidad capital al inicio del proyecto, en un escenario donde las posibilidades de nanciar tal desembolso inicial parecen escasas.


VOLVER top

PETROLEO Y GAS

No hubo acuerdo con las petroleras: "Es una mancha en la historia de Vaca Muerta". LPO
El Gobierno recibió a los mandatarios patagónicos y a las empresas del sector. Habrá pelea en la Justicia.
El decreto de Mauricio Macri que congeló los precios de las naftas de manera unilateral será llevado a la Justicia por dos provincias y una petrolera, tras una reunión sin éxito del Ejecutivo con los gobernadores y los empresarios del sector.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el de Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, recibieron este martes en Economía a los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos y a las empresas de toda la cadena para tratar de llegar a un acuerdo tras la decisión de tintes electoralistas del presidente.
El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, fue uno de los más duros. "Esto es una mancha en la historia de Vaca Muerta", aseguró.
Hacía referencia a la pésima imagen que ofrece el decreto de Macri a los inversores extranjeros que invierten en el yacimiento. Los empresarios creen que con el decreto, la Argentina queda otra vez rompiendo las reglas ante el mundo.
Lacunza explicó que su misión era estabilizar la macroeconomía y que por eso no tenía tiempo para meterse en temas sectoriales. Estuvieron presentes representantes de YPF, Sell, PAE, Tecpetrol, Pluspetrol, Chevron, Exxon Mobil, Equinor, CGC, CAPSA- CAPEX S.A y Vista Oil. Esta última empresa, junto a los gobiernos de Neuquén y Río Negro, presentarán recursos de amparo -Vista ya lo hizo este martes- para pedir la anulación del decreto que obliga a las petroleras a fijar los precios por 90 días. El titular de YPF, Miguel Gutiérrez, sorprendió al resto al decir que apoyaba al Gobierno en esta situación.
En el Ejecutivo explicaron que la medida había sido tomada para garantizar la paz social, en medio de la turbulencia económica que se generó tras la derrota estrepitosa de Macri en las primarias. Y convocaron a una nueva reunión para la semana que viene.
Weretilneck se despega de Macri y amenaza con presentar una cautelar contra el congelamiento de naftas
"Queremos transformar el decreto en un acuerdo. Tenemos 91 días, a más tardar, para hacerlo", aseguraron los emisarios del Ejecutivo. En el sector descreen de ese período, porque ven a Macri debilitado y acaso como un presidente saliente luego de esos tres meses.
Incluso avizoran que si triunfa el kirchnerismo, el decreto de Macri sentará un precedente poco auspicioso. "Se la dejan servida al próximo gobierno", aseguran en el sector respecto de la ley de abastecimiento.


Naftas. La empresa de Galuccio va a la Justicia por el congelamiento de precios. La Nación
La decisión unilateral del Gobierno de congelar los precios de las naftas no cayó bien en el sector energético y tanto las empresas como las provincias petroleras amenazaron con llevar el caso a la Justicia. Finalmente hoy, Vista Oil & Gas, la empresa que fundó Miguel Galuccio, presentó un recurso de amparo para pedir la anulación del decreto que obliga a las petroleras a fijar los precios por 90 días. Mañana a la mañana, Neuquén y Rio Negro harán lo propio, luego de que la reunión de esta tarde con funcionarios nacionales no resultara satisfactoria.
Mientas que Vista presentó hoy al mediodía un recurso de amparo en un juzgado contencioso administrativo, en la cual cuestiona la pesificación que se aplicó al valor del crudo, mañana las provincias mencionadas presentarán una medida cautelar ante la Corte Suprema. "La Nación se comprometió a hacer correcciones al decreto. Si las correcciones convencen a la provincia, se levantará la medida cautelar", dijeron del entorno del gobernador Alberto Weretilneck, de Rio Negro.
Más temprano, Weretilneck había dicho a Radio La Red que no mantienen una posición contraria a la medida en sí misma, sino que se plantea la existencia de "otras maneras de alcanzar el congelamiento de precios de los combustibles".
Los gobernadores de las provincias petroleras, que cobran regalías de entre 12% y 15% por el precio del barril del petróleo (en base a si es producción convencional o no convencional), protestaron ante la medida porque les implica un costo fiscal por ingresos que dejan de percibir. Por ejemplo a Neuquén, según estimaciones oficiales, la medida le implicaría un costo de al menos $1500 millones. Además señalaron que la medida desincentiva la inversión y advirtieron sobre un desaceleramiento en la actividad de la industria.
Hoy a la tarde se llevó a cabo la convocatoria que habían realizado el sábado pasado el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para analizar entre todos los actores una manera consensuada para normalizar el mercado, después de la fijación de precios que dispuso el Gobierno por 90 días. Al encuentro se sumó también el flamante ministro de Hacienda y Energía, Hernán Lacunza. Entre los presentes estaban los números uno de las empresas -Miguel Gutiérrez (YPF), Carlos Ormachea (Tecpetrol), Sean Rooney (Shell), Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) y Gastón Remy (Vista Oil & Gas), entre otros- y algunos de los gobernadores de provincias petroleras, como Omar Gutiérrez (Neuquén) Weretilneck (Rio Negro) y Mariano Arcioni (Chubut). También había representación de las provincias de Santa Cruz y Mendoza, y de las empresas Pampa Energía, Capex, ExxonMobil, Pluspectrol, China Sinopec, Roch, Raízen, Chevron, CGC, Total, Wintershall, Enap y Trafigura. Había tantos presentes, que tuvieron que sumar sillas en el salón.
Lopetegui ratificó en la reunión que la medida no se cambiará y que los precios seguirán congelados por 90 días. El gobernador Gutiérrez presentó unas alternativas, que implicaban bajar el IVA y el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), pero Lacunza rechazó esas medidas, según pudo saber LANACION, ya que era necesario "priorizar la estabilidad macro" y, por lo tanto, se debía cumplir con la meta de equilibrio fiscal.
"Hicimos una serie de propuestas creo que bastante innovadoras pero veremos. Por el momento aquí no se resolvió nada, quedaron en analizarlas y en llamarnos la semana que viene", dijo Gutiérrez, el ejecutivo de YPF, terminada la reunión. La semana pasada, la empresa con control estatal había admitido a sus inversores que la medida les costaría entre US$100 y US$120 millones por mes.
"Escuchamos a todos, vamos a analizar lo que cada uno comentó y seguiremos trabajando para encontrar algún camino hacia la normalización", dijeron en la Secretaría de Energía. La idea del Gobierno es realizar estas reuniones cada 10 días.
El viernes pasado, el Gobierno publicó un decreto que fija el precio de la nafta por tres meses a los valores que tenían antes de las PASO el tipo de cambio y el precio internacional del barril de petróleo. Las explicación que dieron en la Secretaría de Energía es que una depreciación de la moneda de 21% era imposible que se traslade a los consumidores. El plan que habían propuesto las petroleras era un aumento escalonado de los precios de las naftas, empezando por un incremento del 4,5%. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri anunció el congelamiento de los combustibles en su paquete de medidas económicas para palear la crisis, sin que la mayoría de las empresas del sector estuviera al tanto.
Hoy, la consultora Energy Consilium del exministro de Energía Juan José Aranguren, quien estuvo en los primeros 18 meses del gobierno de Mauricio Macri, criticó a través de un informe la medida de congelar los precios de petróleo crudo, naftas y gasoil, al decir que la norma es una "una alteración en la política de respeto a las reglas de juego" y que podría derivar en menos inversiones en el sector.
"Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector. Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias", advierte el documento, que viralizaron las petroleras.


Definen la metodología para saldar deuda multimillonaria con gasífera. EconoJournal
El Enargas fijó la metodología para determinar el monto neto de las diferencias diarias acumuladas entre abril de 2018 y marzo de 2019. Se trata de una deuda de unos 20.000 millones de pesos que las gasíferas cobrarán en 30 cuotas que abonará el Estado Nacional.
El gobierno definió la metodología por la cual se saldará una deuda millonaria con empresas gasíferas. Se trata de las diferencias diarias acumuladas (DDA) entre abril de 2018 y marzo de 2019 que motivaron que las empresas gasíferas acumularan un saldo a su favor por un monto de algo más de 20.000 millones de pesos. Este saldo se abonará finalmente en 30 cuotas asumidas por el Estado Nacional.
El año pasado el Estado se hizo cargo de la deuda que las distribuidoras de gas mantienen con las productoras de hidrocarburos por no haber podido trasladar a las tarifas el impacto de la devaluación.
La medida por la cual se aprueba la metodología la tomó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante la resolución 466/2019 y fue publicada hoy en el Boletín Oficial con la rma de Mauricio Roitman, presidente del ente, Daniel Perrone, vicepresidente, y Griselda Lambertini, miembro del directorio.
El primer artículo de la resolución señala que se aprueba “la metodología para la determinación del monto neto de las diferencias diarias acumuladas (DDA)” para el período del primero de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.
La resolución establece que “en relación a los precios a considerar, se tomarán los precios en dólares estadounidenses que surjan de los acuerdos y/o contratos entre prestadoras y proveedores (por mes, cuenca, subzona y, de corresponder, categoría) por el tipo de cambio jado para el día de vencimiento de la obligación de pago previsto en los acuerdos celebrados entre el proveedor y la prestadora”.
Por otro lado, el texto del ente regulador arma que “se considerarán los precios valuados al tipo de cambio aprobado en los cuadros tarifarios, que surgen de multiplicar los precios en dólares establecidos en cada acuerdo (por mes, cuenca, subzona y, de corresponder, categoría) por el tipo de cambio contemplado por el Enargas para su traslado a los cuadros tarifarios del período estacional que corresponda”.
De esa manera, continúa el ente, “una vez obtenido el monto mensual de diferencias acumuladas por tipo de cambio para cada prestadora, se procederá a consolidar dicho monto, aplicando la tasa efectiva del Banco de la Nación para depósitos en moneda argentina a 30 días de plazo, pizarra, desde el día de vencimiento de la obligación de pago prevista en los acuerdos y/o contratos celebrados entre los proveedores y las prestadoras hasta el 30 de septiembre de 2019”. Así, el monto determinado para cada prestadora “se dividirá en 30 partes o cuotas, a transferirse por el Estado Nacional”.
La resolución del Enargas señala además que “para los meses subsiguientes, la Secretaría de Energía actualizará el saldo remanente del monto de deuda consolidada al 30 de septiembre de 2019, aplicando la tasa efectiva del Banco de la Nación Argentina para depósitos en moneda argentina a treinta (30) días de plazo, pizarra, considerando para su aplicación, la tasa del último día hábil de cada mes correspondiente al vencimiento de cada cuota. El monto resultante se dividirá por la cantidad de cuotas remanentes, obteniéndose de esta manera el valor de cada cuota”.


La consultora de Juan José Aranguren criticó el congelamiento de las naftas: “Es un desincentivo a la inversión”. Clarín
La Consultora Energy Conilium que preside el ex ministro dijo que la medida “tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector”.
Mientras el Gobierno discute con los sectores petroleros el alcance del congelamiento de los combustibles, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren salió a criticar la medida a través de su Consultora Energy Conilium.
Según el reporte de la consultora, el acuerdo debe ser "prontamente subsanado" el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días, al entender que es "un desincentivo a la inversión en el sector" y "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica".
Así se desprende del informe difundido este martes en el que se analizó los alcances del decreto que dispuso la fijación de precios en la cadena de comercialización de petróleo crudo, naftas y gas oil tras la devaluación del peso de la semana pasada.
El reporte consideró que el decreto es "un retroceso significativo en términos de política energética" y destacó que "es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector".
"Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias", advirtió el informe.
Además, la consultora consideró que el congelamiento "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector" ya que el mismo es el único donde la Administración intervino los precios "en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva" como fue el caso de los productos de primera necesidad.
Al plantear la necesidad de revisar la medida del Gobierno, la consultora que encabeza el ex ministro y ex presidente de Shell Argentina aseguró que dar marcha atrás en el congelamiento permitirá "evitar que la energía sea considerada como una herramienta de política económica discrecional".
Por lo tanto, entendió, "no sujeto a las reglas de los mercados competitivos donde los agentes privados tomen decisiones de inversión a riesgo sobre la base de marcos regulatorios estables y conocidos".


VOLVER top

SECTOR COPERATIVO

Aumenta la tarifa de luz en Neuquén mientras CALF negocia la deuda. Diario de Río Negro
El incremento llegará con las facturas de septiembre. La cooperativa de servicios informó de un acuerdo para saldar los montos con la mayorista, pero Quiroga criticó no ser parte de las negociaciones.
Con las tarifas de septiembre, los usuarios de Neuquén comenzarán a pagar un incremento del valor del suministro eléctrico. La información fue dada por el presidente de la cooperativa de servicios públicos CALF, Carlos Ciapponi, a la vez que detalló el acuerdo con el que se pagará la deuda contraída con la mayorista eléctrica Cammesa justamente por no aceptar el aumento que esta aplicó desde comienzos de año.
Ciapponi detalló que si bien el aumento para la cooperativa es del 38%, a mayoría de los usuarios se les aplicará el 28. El responsable de CALF estimó que este será el último incremento del año teniendo en cuenta el contexto electoral y las medidas que viene aplicando el gobierno nacional después del resultado negativo de las PASO y la devaluación del peso.
Este aumento, recordó, es el que se venía posponiendo desde febrero, cuando la cooperativa se rebeló ante la suba de la electricidad por parte de la mayorista y se negó a pagar. Se generó una deuda por la que Cammesa amenazó con cortar el suministro o iniciar acciones legales y comenzaron a rondar rumores sobre los posibles caminos para resolver la situación.
Finalmente, la semana pasada se anunció que gracias a la gestión del senador del MPN y dirigente petrolero Guillermo Pereyra, se pudo idear un acuerdo para triangular fondos entre Nación, Provincia y CALF y finalmente pagar la deuda.
Ciapponi detalló que la deuda debe ser actualizada y se le sumarán intereses, pero no multas. El pago se realizará en 60 cuotas con fondos que aportará el ministerio del Interior de la Nación. A la vez, la cooperativa devolverá este monto con la liquidación de las tarifas sociales que realiza el gobierno provincial. Finalmente, CALF absorberá el costo de la tarifa social.
Con este acuerdo queda descartada la posibilidad de una acción legal por parte de Cammesa con el compromiso de la cooperativa de comenzar a pagar las facturas completas. Ahora sólo falta que el gobernador Omar Gutiérrez complete la gestión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
¿Y el municipio?
Se podría decir que todos están felices, pero no. La cuestión con el municipio de Neuquén, que es el poder concedente del servicio público, aun no está resuelta.
Esta mañana el intendente Horacio "Pechi" Quiroga aseguró que los representantes de Cammesa le dijeron que no fueron invitados al encuentro en el que se delineó el acuerdo y en el que participaron Ciapponi, Pereyra y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
"Yo no digo que la reunión no existió, lo que digo es que hay una parte contractual que no aparece que es la municipalidad", resaltó en declaraciones radiales el intendente.
A la vez, cuestionó que "se le reconoció a CALF un precio X que, dentro de ese precio, está contemplado el pago a Cammesa: si no le pegaron qué hicieron." Quiroga aclaró que no se refería a un delito, sino a que se le habían dado otros destinos y no el pago a la mayorista.
Pero Ciapponi no piensa igual y adelantó que la cooperativa iniciará un reclamo administrativo por la "poda que nos ha hecho el poder concedente con las renegociaciones integrales, a partir de las que empezamos a tener problemas."


Ante la crisis, suspenden el aumento tarifario en Concordia. El Sol (Entre Ríos)
La Cooperativa Eléctrica de Concordia informó a través de un comunicado enviado a nuestro medio que el gobierno provincial dejó sin efecto el incremento tarifario que había dispuesto a través de la Resolución N°177 del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía).
El Cuadro Tarifario, que la Empresa de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA) presentó para su aprobación ante el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía), se iba a aplicar durante el período comprendido entre el 15 de agosto de 2019 al 31 de octubre de 2019. Sin embargo, ante la última megadevaluación del gobierno macrista, que golpea desde la población más vulnerable hasta los sectores comerciales e industriales, fue suspendida por el Gobierno de Entre Ríos.
Dicho cuadro tarifario resultaba de aplicación a todas las Distribuidoras Concesionarias del Servicio Público de Electricidad de la Provincia de Entre Ríos, como el caso de la Cooperativa Eléctrica de Concordia (CEC), quien en comunicado a EL SOL confirmó que el gobierno provincial «dejó sin efecto el incremento tarifario que había dispuesto a través de la Resolución N°177 del EPRE».


Petrakosky dijo que a pesar de la crisis la Cooperativa va a continuar con las obras con el apoyo del Municipio. El Chubut
El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabricio Petrakosky, ratificó que a pesar de la crisis económica y la disparada del dólar, acordaron con el intendente Adrián Maderna finalizar las obras eléctricas y cloacales postergadas desde hace décadas.
En su visita a los estudios de FM EL CHUBUT, Petrakosky afirmó que la reunión con Maderna dejó un saldo positivo y subrayó que más aún en tiempos de crisis «es necesario trabajar en unidad con el Municipio».
Petrakosky va a seguir la línea de su antecesor Fabián Gómez Lozano, de quien destacó la «transparencia y el trabajo», pero reconoció que «hacía falta recomponer la relación institucional con la Intendencia».

ESCALADA DEL DOLAR
El nuevo presidente de la Cooperativa asumió que la reciente disparada del dólar va repercutir con mayores incrementos de costos en los insumos, que están siendo analizados por estos días. «Muchos proveedores frenaron las ventas por esta especulación. Va a tener una incidencia negativa en la compra de los insumos», reconoció.
De todas formas, Petrakosky dejó en claro que esto no tiene que ser impedimiento para que la Cooperativa siga haciendo las obras que faltan en la ciudad. «En un momento en que la obra pública está paralizada estamos haciendo obras cloacales, alumbrado público, acueductos y nos tiene que encontrar trabajando en ese sentido», aseguró.

OBRAS PRIORITARIAS
Petrakosky fijó entre las prioridades terminar de renovar los 60 km de colectoras cloacales que faltan, porque de lo contrario van a surgir «serios inconvenientes». También fijó como objetivo terminar de colocar luminarias Led en la Fontana y en la Michael Jones.
El presidente se mostró convencido de que llegó el momento de que la prestataria y el Municipio resuelvan los problemas que la ciudad viene arrastrando desde hace décadas. «Hay obras que no se han hecho durante muchísimos años, han pasado intendentes y consejos de administración, y este es el tiempo porque no se puede seguir esperando a que esas obras se hagan», planteó.
Por eso, Petrakosky indicó que «le hemos manifestado a Maderna la intención de trabajar en conjunto por aquellas obras que son para el futuro de Trelew. Queremos trabajar con una previsibilidad de 20 años».

NEGATIVA A RAMON
Por otro lado, Petrakosky se pronunció en contra de la designación de José María Ramón para el Omresp, al considerar que el director del organismo tiene que reunir otro perfil.
Sobre la polémica que surgió en el Concejo Deliberante, opinó que en el fondo a Ramón «se le da más importancia de la que se le debería haber dado». La gestión de Gómez Lozano pidió a los ediles que no acompañen la designación de Ramón, y Petrakosky refrendó la vigencia de ese expendiente que está en la Comisión de Legales.


VOLVER top

OTROS SERVICIOS

Nodo Obelisco: abren un túnel para empezar a descomprimir el punto más crítico del subte porteño. Clarín
Por ahora es un nuevo acceso a las líneas C y D. Y en el futuro aliviará a los pasajeros de la B. Por allí pasan 300.000 personas por día.
El nodo Obelisco es un nudo atado justo debajo de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Desde ahí y a través de un hall que distribuye a las líneas B, C y D del subte se puede viajar sin escalas al Luna Park, al cementerio de la Chacarita, a la estación Constitución, a Plaza de Mayo o el exzoológico de Buenos Aires. No existe bajo tierra un entramado más complejo, pero la conexión está colapsada y desde hace tiempo. A partir de este miércoles a las 5.30 parte de la renovación de ese nudo empezará a concretarse, con la apertura de un acceso al subte sobre la calle Sarmiento y un túnel de 70 metros de extensión, que permitirá conectar con las líneas C y D.
El objetivo a largo plazo de esta "puerta nueva" es descongestionar el nodo donde por día circulan 300.000 pasajeros, quienes saben que la combinación debajo del Obelisco es crítica. En especial, los usuarios de la B.
En hora pico, pasar de la estación Carlos Pellegrini de la B a la estación Diagonal Norte de la C lleva entre cinco y ocho minutos, y en el medio hay que atravesar los andenes de 9 de Julio (línea D). Un diseño obsoleto, pero -sobre todo- peligroso: infraestructura de las décadas del 30 y 40 que quedó chica para el caudal actual de pasajeros que tienen que caminar al filo de los ándenes.
Desde este miércoles, aun con la apertura del acceso de Sarmiento 861, esa congestión seguirá ocurriendo porque las líneas B, C y D permanecerán unidas en su pasillos y accesos. Pero la novedad pasará por la incorporación de otra entrada a la red, que permitirá llegar a las estaciones 9 de Julio, en sentido Catedral, y Diagonal Norte, en sentido Constitución. En dos meses, se habilitará la conexión a Retiro.
La necesidad de actualizar el nodo Obelisco empezó a plantearse en la década del 60. Pero en más de 50 años sólo hubo intervenciones menores. En 2016 el Gobierno porteño adquirió un estacionamiento privado para montar ahí el acceso nuevo. Primero abrió un pozo de 32 metros de profundidad. Y dentro de éste construyó un túnel con dos bocas de acceso: una a la C, a 28 metros bajo el suelo, y otra a la D, a 12 metros de profundidad.
Para una tercera etapa, que concluirá en 2022, se construirá un tercer túnel, paralelo a la línea D, que permitirá independizar la conexión con la B. Así se eliminará la necesidad de pasar por tres líneas para conectar dos puntos, y en consecuencia disminuirán los cuellos de botella, en los que se forman largas filas por acumulación de gente, sobre todo en las horas pico.
Esa tercera etapa está en proceso de licitación y, según el Gobierno porteño, se adjudicará en dos meses. Además del tercer túnel, incluirá la ampliación de los andenes de la estación 9 de Julio y Diagonal Norte, otros dos reclamos históricos entre los pasajeros.
"La creación del acceso y la construcción del túnel son condición necesaria para la próxima etapa. Sin ellos no puede hacerse", explicó el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, en una recorrida por las instalaciones nuevas. "Primero tuvimos que abrir entradas para suprimir las viejas, así lo exigía la modernización del nodo", agregó. A su lado, el presidente de Subtes de Buenos Aires (Sbase), Eduardo de Montmollin, recurrió a una metáfora para ejemplificar: "Es como querer cambiar un mantel con la gente comiendo. Estas obras se están haciendo sin afectar a los miles de usuarios que viajan por día, sin suspender trenes y sin afectar la infraestructura del funcionamiento del subte".
Al igual que en las nuevas estaciones de la línea E, que fueron decoradas con obras de las artistas plásticas Marcela Cabutti, Gachi Hasper y Marta Minujín, en el nuevo acceso se montó una pieza llamada "Inmersión", del artista Hernán Marina. Alude a la necesidad de sumergirse bajo tierra, tanto de los usuarios para viajar, como de quienes debieron abrir la superficie y construir un edificio de nueve pisos, pero hacia abajo, para generar este "acceso complementario".
El túnel tuvo un costo de $ 80.9 millones y se pudo hacer con presupuesto de SBASE. El resto de la obra, que incluye la renovación del sistema de señales y potencias eléctricas, necesarias para gestionar la incorporación de coches con aire acondicionado a la línea D junto a una mejora de la frecuencia, se financia con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de US$ 104 millones.
"Es una obra muy compleja, que el banco haya aceptado financiarla es prueba del nivel de calidad técnica y de solución que tiene. No cualquier proyecto cumple esas exigencias. Estamos haciendo una obra que tiene sentido", cerró Montmollin.


VOLVER top