NOTICIAS POR SECTORES

SECTOR ELECTRICO

Son casi 20 mil los usuarios que están sin luz en Buenos Aires por el temporal. La Nación
Más de 19 mil usuarios del servicio eléctrico de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana sufren la interrupción del suministro en estos momentos a causa de las fuertes tormentas y las ráfagas de viento que afectan a la región.
Son 8785 los usuarios del suministro eléctrico que tienen cortes en el área que depende de la empresa Edenor, mientras que en Edesur el total de los afectados por los cortes de energía es de unos 10984, según datos suministrados por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). En total, son unos 19769 usuarios, pero durante el domingo llegaron a ser más de 65 mil.
En el área donde maneja la concesión Edenor, los partidos más afectados son Escobar, General Rodríguez, La Matanza y Merlo. En tanto, en el área que corresponde a Edesur, las zonas con más cortes se encuentran en el barrio porteño de San Nicolás y los partidos de Almirante Brown y Esteban Echeverría.
Según el vocero de la compañía eléctrica Edenor, los cortes del suministro tienen que ver con el mal estado del tiempo que afectó a la región, con tormentas eléctricas y fuertes vientos. Fuentes de Edesur coinciden en que la causa de los cortes del suministro se relaciona con el mal clima y agregan que hay cuadrillas trabajando para solucionar los problemas.
Como medida preventiva y por seguridad, en Edesur piden que la gente no transite por zonas anegadas ni toque cables caídos en caso de que los hubiera.


Temporal en Bariloche: rutas cortadas y más de 21.000 usuarios sin luz. La Nación
Como consecuencia del temporal de nieve que derribó árboles y postes de luz, hay más de 21.000 usuarios sin luz en Bariloche y El Bolsón . Las intensas nevadas de ayer obligaron a las autoridades a cerrar el aeropuerto de Bariloche y a cancelar unos 20 vuelos en el inicio de las vacaciones de invierno, aunque esta mañana la terminal aérea ya se encontraba operativa.
Según un informe del Sistema Integral de Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR), 18.000 usuarios de la localidad rionegrina de Bariloche y otros 3.000 vecinos de la ciudad de El Bolsón se encuentran sin suministro eléctrico.
Gendarmería Nacional, en el marco del "Operativo Nieve" asistió a ciudadanos de las provincias de Neuquén y Río Negro, quienes fueron afectados por las intensas nevadas.
Por las intensas nevadas, se clausuró el aeropuerto por más de 24 horas y se cerraron preventivamente los pasos fronterizos Por las intensas nevadas, se clausuró el aeropuerto por más de 24 horas y se cerraron preventivamente los pasos fronterizos Fuente: Archivo - Crédito: Gendarmería Nacional

Semana de vacaciones
El clima complica la circulación para los turistas que se aventuraron en el frío o que optaron por una semana de esquí en la Patagonia.
La intensa nevada caída ayer complicó el sueño de alcanzar el récord de vuelos con turistas que iban a llegar ayer para disfrutar de la ciudad. Además, el acceso por tierra también se vio condicionado ya que fueron cerrados preventivamente los pasos fronterizos Hua Hum, Mamuil Malal, Pino Hachado Icalma y Cardenal Samoré y más de 300 automóviles quedaron varados en los caminos de acceso a esta ciudad.
Personal de emergencia de Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía Federal, Salud, Edesa, Policía provincial, Vialidad Provincial y Nacional, Defensa Civil Provincial y Municipal trabaja en la zona para evitar mayores complicaciones.

Rutas y pasos fronterizos inhabilitados
Por otro lado, el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, informó que hoy se habilitó la circulación, con extrema precaución y uso de cadenas, en el tramo de la ruta N° 40 que conecta estas dos localidades.
En tanto, la ruta nacional Nº 23 permanece cerrada desde Ingeniero Jacobacci hasta Dina Huapi, debido a la presencia de tramos con gran acumulación de nieve y formación de hielo sobre la calzada, lo mismo que la ruta nacional 40 entre Bariloche y la localidad neuquina de Villa la Angostura y la ruta 237 entre Bariloche y Cruce Collón Curá (Neuquén).
En Neuquén el temporal de nieve mantiene cerrados todos los pasos internacionales, así como la Ruta Provincial N°46, el tramo de la ruta 237 ya mencionado, y gran parte del tramo de la ruta 40 entre Villa la Angostura y San Martín de los Andes, mientras que el resto de las rutas interiores están transitables.


Adjudican obras para el brazo Aña Cuá de Yacyretá. BAE
Rovella Carranza y Voith serán las ganadoras de la licitación civil y de tres turbinas Kaplan.
El Consejo de Administración de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY) se reunirá mañana para definir la adjudicación de las obras para el brazo Aña Cuá del río Paraná. En la parte civil, quedará a cargo el consorcio conformado por Rovella Carranza, la italiana Astaldi y la paraguaya Tecnoedil, en tanto la provisión de las tres turbinas Kaplan que ampliarán en un 9% la generación de electricidad estará en manos de la alemana Voith Hydro, ya que en los dos casos ofrecieron los precios más competitivos.
Se trata de la mayor licitación en materia energética de toda la gestión de Mauricio Macri, al involucrar un Presupuesto que originalmente estaba pautado en unos u$s600 millones, aunque la apertura de sobres sorprendió a las autoridades de ambos países por los valores fijados, que permitieron realizar un ahorro significativo respecto a las proyecciones iniciales.
El comité ejecutivo de la EBY ya dio el visto bueno para avanzar con las ofertas más económicas y sólo resta el paso formal del Consejo, confiaron a BAE Negocios fuentes al tanto del proceso, el cual no estuvo exento de presiones cruzadas entre las competidoras, en particular por las turbinas.
Es que Voith se presentó con u$s99 millones y de esta manera dejó afuera a la mendocina Impsa, que iba asociada a Power China y ofreció u$s120 millones.
Desde Impsa planteaban que la devaluación del 2018 distorsionó esa cifra y por la licuación de costos podía llevarse el presupuesto a entre u$s70 y u$s80 millones, y así quedar primeros.
Lo cierto es que la decisión del comité se filtró a la prensa paraguaya y en el sector daban por descontado que las turbinas quedarán a cargo de Voith y las obras civiles, en manos de Rovella Carranza.
Esta parte es la más jugosa de los contratos y la EBY tenía previsto desembolsar u$s360 millones. Finalmente, el sobre más competitivo ofreció u$s193 millones, un 43% menos. En el camino quedaron otros pesos pesados de la construcción como Techint, Chediack, Cartellone, y Sacde, entre otros representantes de la llamada "patria contratista".
Por lo pronto, las empresas que quedaron afuera ya se están preparando para las próximas licitaciones para repotenciar Yacyretá, que, aseguran "no se va a quedar en Aña Cuá".
En ese sentido, la adjudicación para Voith será también una forma de compensar a los alemanes por el congelamiento de la represa neuquina de Chihuidos, que el gobierno de Angela Merkel presionaba para entrar y hasta llegó a ofrecerle a Macri la mayor parte del financiamiento. Pero por el ajuste fiscal, el proyecto debió desecharse.


El pago de luz y gas equivale a alrededor del 4,5% del salario promedio. Télam
El estudio profundiza en que el congelamiento de tarifas dispuesto por la administración anterior, "generó una enorme distorsión de precios relativos en la economía, cuya contracara fue un insostenible nivel de subsidios económicos".
El pago de los servicios de gas y electricidad representa en la actualidad un 4,5% del ingreso promedio de los trabajadores privados registrados, frente al 0,6% que representó en 2015 e igual porcentaje (4,5%) en 2001, según un informe de la consultora Econométrica.
Destaca luego que a partir del proceso de recomposición tarifaria iniciado en 2016 la proporción del salario aplicado a servicios energéticos pasó ese año a 1,8%; a 3,4% en 2017 y a 4,5%, utilizando los cuadros tarifarios con efecto en 2019. Econométrica evalúa que "en este contexto, y con los niveles alcanzados de incidencia en el salario, será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación".
Aconseja en ese sentido "concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos".


Tarifas cada vez más pesadas. Página12 (domingo)
En 2015 los trabajadores privados registrados destinaban el 0,6 por ciento de su ingreso a pagar la luz y el gas. Ahora ese porcentaje trepó al 4,5 por ciento.
El pago de los servicios de gas y electricidad representa en la actualidad un 4,5 por ciento del ingreso promedio de los trabajadores privados registrados, frente al 0,6 por ciento de 2015. Los datos surgen de un estudio elaborado por la consultora Econométrica donde se detalla como ha venido creciendo el peso de las tarifas a partir de los aumentos autorizados por el gobierno nacional.
Econométrica aseguró que el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno kirchnerista "generó una enorme distorsión de precios relativos en la economía, cuya contracara fue un insostenible nivel de subsidios económicos", pero evaluó que en el contexto actual, "con los niveles alcanzados de incidencia en el salario, será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación".
En ese sentido, aconsejó "concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos", aunque no especificó cuáles deberían ser esas medidas a tomar.
El análisis recuerda que la recomposición de tarifas fue acompañada por la implementación de la "tarifa social federal", que alcanza hoy a aproximadamente el 30 por ciento de los usuarios, y representa "un importante cambio de paradigma respecto al acceso a la energía", aunque en los últimos años el beneficio otorgado a partir de 2016 ha venido siendo restringido de manera creciente ya que se subsidia una porción cada vez menor del consumo.
Por último, Econométrica constata que el Presupuesto 2019 prevé una asignación a subsidios económicos de 1,4 por ciento del PIB, casi tres veces inferior a la de diciembre de 2015 (4.2 por ciento del PIB), por lo cual "parece estar cumplida" gran parte de la tarea de recomponer precios energéticos de manera que reflejen razonablemente los costos de producción.
El creciente peso de las tarifas de luz y gas en el presupuesto familiar se explica a partir de aumentos que estuvieron muy por encima de la suba de los precios promedio de la economía. Mientras que la inflación acumulará alrededor de 250 por ciento entre 2016 y 2019, las tarifas subirían cerca de 550 por ciento y el dólar escalaría más de 400 por ciento, lo cual provoca una "fuerte pérdida de poder adquisitivo", según un informe difundido este domingo por la consultora Ecolatina. Además, los salarios nominales crecerían en torno a 200 por ciento, muy por debajo de la inflación, consignó el reporte.
"El gobierno de Mauricio Macri intentó encarar un proceso de corrección de precios relativos en simultáneo con una reducción de la inflación general. Lamentablemente, este segundo objetivo estuvo lejos de alcanzarse: la corrección de precios relativos aceleró la inflación", indicó el informe, pero aclaró que "la mayor inflación no anuló la corrección de precios relativos: el alza de las tarifas de Servicios Públicos superó ampliamente al del IPC GBA Ecolatina entre 2016 y 2018 (370 y 160 por ciento, respectivamente). La entidad recordó que “la suba de tarifas de la segunda parte de 2019 se pateó a 2020". Por lo tanto, una vez que pasen las elecciones, si el oficialismo reelige, continuará con la política tarifaria que viene implementando desde 2016.


Tarifazos: el oscuro avance del sistema de electricidad prepago. Página12 (domingo)
Cómo afecta a las víctimas del ajuste la nueva modalidad en el consumo de luz. Página/12 recorrió el conurbano bonaerense, en donde ya hay 190 mil nuevos medidores que cortan la luz cuando se termina el crédito. Las empresas lo presentan como una solución a la exclusión.
Tenía cinco facturas impagas acumuladas. Cuando los técnicos de Edenor le retiraron el medidor, en el mismo momento le dejaron uno nuevo, prepago. Fernanda les dijo que a la deuda no la iba a cancelar “porque no tenía con qué y porque no iba a pagarla”. Se sentía impotente y sobrepasada, pero esa tarde fue a la oficina comercial y firmó su adhesión al servicio prepago. Le pareció un alivio porque al menos iba a tener luz. Ahora está haciendo recargas una vez por semana. A veces son 300 pesos, otras 200.
-Lo que pueda. El miércoles el crédito se terminó a la noche, cuando yo estaba trabajando; me había ido de casa sin darme cuenta de que quedaba poco-, explica. Es martes, de mañana. Hay sol y ella salió a la puerta para esperar a un amigo. Así acepta contestar una pregunta. Después se va soltando, contando más.
Dice que como su trabajo es nocturno, cuando la casa se quedó sin luz la hija estaba sola. “Me llamó para avisarme, pero yo en ese momento no tenía dinero. Al final ella pudo cargarle 100 pesos de emergencia”. Calcula que esos 100 pesos “nos habrán durado para cuatro días más”.
Con un aumento de tarifas del 3100 por ciento acumulado desde diciembre de 2015, avanza en los hogares del Gran Buenos Aires una transformación radical y silenciosa: la de los usuarios que pasan al sistema prepago de electricidad.
El mecanismo es similar al de los teléfonos celulares (en Edenor prefieren compararlo con la tarjeta SUBE) y aunque se publicita como una forma de “inclusión”, con la que los vecinos, según las empresas, “están conformes porque aprendieron a gastar menos”, su creciente presencia en el territorio poco tiene que ver con una decisión de los usuarios de ir hacia un consumo inteligente. Se trata, en realidad, de que los tarifazos dejaron fuera del “tradicional” modo de entender los servicios a un sector de la población. Tradicional en el sentido de cómo los conocimos en los últimos 70 años, como servicios públicos, con intención de ser universales, con garantía de continuidad.
En el Gran Buenos Aires ya hay 190 mil medidores prepagos, según el dato brindado por Edenor ante la consulta puntual. Un repaso por el archivo sirve para medir la velocidad de su propagación : en marzo de 2017 el plan de reemplazo de los medidores era solo una versión denunciada por las asociaciones del consumidor, que se quejaban de que el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, no se pronunciara sobre el tema. En abril del 2018, es decir un año y un mes después, eran 70 mil; en diciembre se habían duplicado a 140 mil. En junio de 2019 llegaron a 180 mil. En este último mes se agregaron 10 mil nuevos.
Los municipios con mayor número de medidores prepagos son Moreno, La Matanza, Merlo y Malvinas Argentinas.

Contrastes
La casa de Fernanda Habud -la entrevistada que abre la nota- está ubicada en El Libertador, en el partido de Tres de Febrero. Vive en una cuadra con asfalto, tendido eléctrico y gas natural. No es una vivienda lujosa, sin dudas, pero tampoco precaria. Fernanda y la hija trabajan. Fueron -igual que su familia ampliada- usuarias tradicionales del servicio de energía eléctrica, es decir que en sus casas recibían boletas bimestrales y luego todos los meses.
En la cuadra hay gas natural, no falta la red de servicios públicos, como podría ocurrir en un asentamiento. Esta semana, lanzada la carrera electoral, fue conectado a la cuadra el servicio de agua potable. Mientras se hacía esta nota, a pocas cuadras, sobre la Avenida Márquez, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal inauguraban el metrobús en la avenida Márquez y Ruta 8, en el lindero partido de San Martín.
Esas inauguraciones necesarias contrastan con lo que se ve puertas adentro del barrio. A poco de hablar, resulta que la entrevistada también tiene cortado el gas desde el año pasado. (O sea que se endeudó no sólo con la electricidad sino también con el gas). Es claro que para hacer la conexión domiciliaria del agua potable desde el cordón al interior de su casa, deberá conseguir un dinero que hoy no tiene. Por la vereda podrían pasar todos los tendidos del mundo.

Un poco de historia
Las asociaciones de defensa del consumidor advierten que las distribuidoras llevaban más de 15 años tratando de avanzar con este sistema de medidores prepagos en el Conurbano. En el 2004 hubo un intento, promovido por el Enre, (el ente nacional regulador de la electricidad, encargado de controlar a las empresas para que cumplan con sus obligaciones), de hacer una experiencia piloto en Merlo, pero fracasó por la oposición de organizaciones locales. El que lo cuenta es Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. “En aquel momento Edenor intentó instalarlos y nosotros lo denunciamos. La verdad es que ese intento no avanzó, básicamente, porque el precio de la electricidad no era el de ahora. No encontraban quién quisiera pasarse del medidor mensual al prepago”.
En 2016 el intendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté, fue uno de los primeros que habló en favor del sistema. Anunció que su municipio iba a pedir los medidores prepagos, a “gestionarlos ante el Enre y Edenor”. Hubo otro intento en San Isidro, que también fracasó por la resistencia local.
El plan de instalación de estos medidores es así un proceso de estos dos últimos años, que se inició a mediados de 2017 y explotó en 2018 y 2019. ¿Por qué? “Porque los precios de las tarifas venían siendo frenados por la presentación de amparos, ruidazos, por la exigencia de audiencias públicas”, explica Boada. Hubo una oposición que demoró los aumentos en los primeros años del macrismo.
“En Buenos Aires tuvimos el fallo del (hoy destituido) juez Luis Arias que en la práctica postergó la aplicación de los aumentos (hasta junio de 2017). También ayudó la cautelar del caso Abarca, que cuestionó el precio mayorista presentado por Edenor y Edesur. Medidas como estas frenaron los aumentos durante 2016, pero en 2017 y 2018, caídos los amparos, los precios explotaron”. Ese fue el terreno fértil en el que el sistema tendió sus raíces.

Impagables
María Sol Garbuglia, integrante de la Audiencia Pública contra los Tarifazos, hace de guía en estas manzanas de El Libertador. Es militante del Frente de Todos. Conoce a qué vecinos les sacaron el medidor, quiénes recibieron facturas impagables o les cortaron el gas y tuvieron que pasarse a la garrafa, otra de las caras de los tarifazos (ver aparte). “Lo que vemos es que avanzaron mucho en esta franja social. En los asentamientos el clima es otro, las camionetas de Edenor no pueden entrar tan fácil a cortarles la luz a los enganchados”, opina.
Otros casos de este barrio: Carina Rodríguez atiende un kiosco que ofrece el servicio de recargas para la electricidad. Cuenta que la gente paga desde 50 pesos por vez. Su padre recibió una boleta de luz de 26 mil pesos, con la que recurrió a un abogado. Finalmente, pagó la mitad de lo que le reclamaban. “Nunca nos dijeron ‘me equivoqué’, pero la factura que mandan ahora es diez veces menor, o sea que algo corrigieron”, cuenta el padre.
A Rosa, una jubilada de 75 que teje escarpines y otras ropas de bebe para hacerse unos pesos, le pasó que intentaron aplicarle una tarifa comercial. En su caso, después de la intervención de su hija, los técnicos le pidieron disculpas. Teresa Alvarez fue, de los entrevistados, la única a la que le pusieron medidor prepago sin tener un medidor mensual. Es decir que estaba colgada. “Me cortaron la conexión y en el mismo momento pusieron el medidor prepago. Eso sí, tuve que ir con mi documento y firmar para poder empezar a usarlo”. Los demás también ya que hay que dar una aceptación firmada.
¿Es más barato?
Aunque las distribuidoras dicen que el precio por kilowatt prepago es el mismo que el convencional, Osvaldo Bassano, titular de ADDUC, asegura que el resulta más costoso. “Es acumulativamente más caro, y la empresa se asegura de que le pagues antes de usar el servicio, lo que es ilegal, porque borra el concepto de servicio público y coloca al consumidor en una situación de desamparo. Si un día no tiene con qué pagar, se queda sin luz, a diferencia del que cuentan con un medidor común. Por eso planteamos que esto es una violación del artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que los usuarios tienen derecho a la protección de su seguridad e intereses económicos, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Sin embargo, existen resoluciones del Enre que permiten los medidores prepagos. Esto les daría un marco de legalidad. Bassano concede que esa resolución existe. Legalmente, señala, “todo lo que no está prohibido está permitido. Por eso las distribuidoras avanzaron y luego el Enre sacó una resolución que las revistió de legalidad. Los usuarios, por ejemplo, tienen que haber pedido el medidor, por eso los hacen firmar. Aceptar que no es lo mismo que pedir. Se pide si es más conveniente, se acepta cuando no te queda otra”.
Bassano advierte que la reglamentación del Enre es contraria a la Constitución. “Desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI las corporaciones asumen el carácter autoritario de gobernar por encima de la Constitución. Sus ingresos tienen más importancia que el derecho de las personas”. Su colega Boada también subraya en este esquema, el papel cómplice del Estado. “Avanzaron de la mano del gobierno macrista y luego la resolución del Enre lo revistió de mayor legalidad”, describe.

Indignidad
Otra mirada sobre por qué el sistema conlleva una pérdida de derechos es la de Andrea Manzi, de la Red Nacional de Multisectoriales contra el Tarifazo. “Estas son nuevas formas de facturación completamente desamparadas de la legalidad. Sabemos que los aprobó el Enre, pero el Enre hoy por hoy tiene un un director como es Andrés Chambouleyrón, que fue el coequiper de Aranguren en el diseño del tarifazo. Dejaron al usuario fuera de la normativa que se aplica al resto de los usuarios y consumidores. Es una barbaridad porque la energía es un derecho. Este gobierno nos lleva situaciones de indignidad, a vivir como se pueda, a tener los servicios públicos que cada uno pueda pagarse, sin ningún control a las distribuidoras. Entonces, como podamos nos tenemos que dar la luz, como podamos reemplazamos al gas, como podamos usamos el agua. Tenemos miedo hasta de prender una estufa. Si no tengo gas me paso a garrafa y si no tengo garrafa me caliento con lo que sea. La palabra que lo define no es otra que indignidad”.


Mindlin explora una asociación con empresas chinas. Clarín (domingo)
Hay interés en los negocios de Pampa Energía como parques eólicos y Vaca Muerta. Y, sobre todo, en Transener, la firma que controla la transmisión eléctrica.
Hace unos meses, se supo que hubo contactos entre un banco de inversión estadounidense y Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin. En ese momento, se los atribuyó a una posible venta del control de la distribuidora Edenor, en manos de Pampa. La posibilidad de avanzar en esa operación fue desmentida por Pampa. Pero es cierto que hubo contactos entre JP Morgan, el banco de inversión, y altos ejecutivos de Pampa. La aproximación vino por otro lado. Hay dos firmas chinas interesadas en invertir en Pampa. Llegaron al grupo energético con ganas de comprar una participación en Transener, la compañía que controla la transmisión eléctrica. Una falla en los tendidos de esa empresa generó el apagón del día del padre. El ente regulador (Enre) analiza la aplicación de una multa por esa situación.
El asunto se remite a comienzos de 2018. El entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, manifestó su intención de vender la participación estatal en Transener. Ieasa -la heredera de Enarsa- posee la mitad de Citelec, la sociedad que controla Transener. La otra mitad de Citelec la posee Pampa, que ejerce el gerenciamiento de la compañía.
Las chinas Southern Power Grid y State Grid se aproximaron a Pampa en esa ocasión. Su interés estaba en la parte que podía vender el Estado nacional. Pero como Pampa era dueño del 50% restante, también se inició un vínculo en esa parte.
La venta de la parte estatal de Transener se frenó por diversos motivos. El radicalismo se opuso a la operación, mientras que Aranguren fue desvinculado del ministerio de Energía. Además, tras la devaluación del peso frente al dólar, el apetito inversor por el país disminuyó.
Pero Mindlin aprovechó esa oportunidad para mantener el contacto con los chinos. Además, sumó a Power China a su lista de empresas para hacer negocios. Esa firma, junto con Sacde (también de Mindlin y sus socios) ya se presentó a una licitación de una obra eléctrica, en Yacyretá, mientras evalúan más oportunidades en ese sector.
Frente a tanto interés chino por el sector energético local, Mindlin le pidió a bancos de inversión que lo ayuden a organizar su relación con las empresa de ese país. Le harán presentaciones en ese país, según supo Clarín.
En la lista de anotados por Transener también está el grupo Perez Companc. Por esas casualidades, las oficinas de Pampa Energía están en el mismo edificio que alguna vez ocupó esa familia nacional, antes de venderle el grueso de sus activos a Petrobras.
Transener factura más de $ 10.000 millones anuales y tiene ganancias atractivas, creen en el mercado. Eso la hace interesante para potenciales inversores. Pero la venta (o no) de la participación estatal quedará para 2020/21. En caso que prosiga la actual administración, se esperarán mejores condiciones de mercado. Si gana el kirchnerismo, en el sector energético creen que habrá cautela de los inversores. Además, el nombre de Transener saltó a la palestra por su responsabilidad en el apagón, por lo que podría generar intervención de discusiones políticas.
Mientras tanto, en Pampa están focalizados en un parque eólico en Bahía Blanca y en Vaca Muerta. Sus próximos anuncios vendrán por ese lado.


Los economistas dicen que en 2020 habrá que subir tarifas para cerrar el rojo fiscal. Clarín (sábado)
El FMI opina lo mismo y prevé que bajen los subsidios de 1,6% del PBI este año a 0,9% para el próximo.
Aumento De Tarifas

El Fondo Monetario Internacional considera que el ajuste en los subsidios energéticos y al transporte no finalizó. Estima que esas transferencias del Estado pasarán de 1,6% del PBI este año a 0,9% en 2020. En pesos, la cuenta indica pasar de un monto de $ 339.500 millones a $ 241.200 millones. Esto significaría una caída de casi 50% si se tiene en cuenta el impacto de la inflación. El menor gasto del Estado para financiar la producción de estos servicios debería ser compensado con tarifas más altas, sugieren expertos. O, en su defecto, que los privados cobren menos por los servicios que brindan (como sucedió desde la salida de la convertibilidad hasta 2015). También podría ser un mix.
En los últimos meses se acumuló un atraso en los precios de la energía respecto del nivel general. Así se desprende del último informe del FMI. “El congelamiento demoró el objetivo de las autoridades argentinas de reducir rápidamente los subsidios”, dijo el staff report de esta semana. Tras el salto del dólar en marzo pasado, y de cara a las elecciones, el Gobierno acordó no subir por el resto del año las boletas de luz, gas y transporte público para evitar un traspaso mayor de estos costos al IPC. El FMI aspira que este congelamiento “sea subsanado en lo que resta del programa”. El entendimiento entre Argentina y el FMI tiene dos años más por delante de compromisos.
En línea con los economistas del organismo, expertos en economía de la regulación consideran que deberían actualizarse las tarifas si se pretende alcanzar el equilibrio fiscal. La suba de las tarifas es uno de los motivos por el cual el FMI estima que la baja de la inflación en Argentina será más gradual que la esperada. Su pronóstico para 2020 ha pasado de 15% a 32% en el lapso de 15 meses.
El impacto de los precios regulados sobre el IPC es significativo. De ahí que el organismo haya reconocido que uno de los factores que explicó la caída de la tasa de inflación en estos meses ha sido el congelamiento de las tarifas -anunciado en abril-. Van tres meses consecutivos de desaceleración en los costos y se espera que sean cuatro (el Gobierno anticipó que la inflación de julio será menor).
El organismo hace hincapié en la capacidad de pago del país de su deuda. De ahí que el Gobierno y su staff acordaran converger al superávit fiscal cuanto antes: Macri se comprometió llegar al 1% del PBI en el resultado primario del año que viene. Según el propio FMI, el ajuste de Argentina figura entre el 5% de los más severos de una muestra a nivel internacional. Para ello, ¿ayudará bajar los subsidios? ¿será posible de insistir con esa agenda después de las elecciones?
El economista Alejandro Einstoss, economista y especialista en regulación de servicios públicos de la UBA y UB, caracterizó de “desafiante” ese objetivo porque implicaría aumentar las tarifas en una proporción por encima de la inflación o bajar el precio del gas que cobran las empresas. “En este contexto, y con los niveles alcanzados de incidencia en el salario será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación, por lo que se debería concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos”, escribió esta semana en un documento.
El Gobierno, los expertos y hasta el propio FMI coinciden en que la corrección por delante no es de la magnitud que enfrentó Macri en 2015. A fines de 2015 un usuario residencial pagaba 11% del costo real de abastecimiento eléctrico y 14% del valor del gas. En el primer semestre de este año, los subsidios cubrían el 22% del costo de abastecerse de gas y el 29% del costo de generación eléctrico.
Sin embargo, el panorama tampoco luce como dice el Gobierno (“El trabajo sucio ya fue hecho”, dicen en Hacienda) por dos motivos. Primero, el salto del dólar en 2018 hizo retroceder la economía varios casilleros porque muchos de los insumos que utiliza se encuentran dolarizados -más en materia de energía y transporte-. “Esto no solo hizo desaparecer parte del esfuerzo que se había hecho para reducir subsidios, sino que obligó al gobierno a modificar el rumbo de política de precios y tarifas”, dice Einstoss.
Segundo, los subsidios deberían bajar 28% (de $ 339.500 millones a $ 241.200 millones el año que viene) pero si el cálculo tiene en cuenta el impacto de la inflación, el recorte equivale a casi 50%.
Fernando Navajas, economista jefe de Fiel y experto en temas de energía, dice que el Gobierno hizo “más trabajo sucio” en el producción del gas. Considera que Argentina es un país que podría producir energía más barata “a mediano plazo”. “Pero en transporte público no sólo no se ha avanzado tanto sino que falta mucho y hay límites a los subsidios en ese frente”. Prueba de lo que dice Navajas es que casi el 90% de la corrección de los subsidios contemplada por el FMI recae sobre los transferencias del Estado al transporte público cuando ‘estima’ pasar de $ 101.800 millones a $ 20.300 millones en el lapso de un año. Esto sugiere que las provincias deberían ser las encargadas de aumentar las tarifas de servicios en 2020.
La visión del Gobierno: “Se hizo el trabajo sucio, pero aún falta”
En distintas áreas económicas del Gobierno y otras dependencias oficiales económicas descuentan que quedan correcciones tarifarias por delante para llegar “a un equilibrio fiscal y en la ecuación de costos”. Aclaran que la magnitud del ajuste que resta no es como la de 2015 y variará por sectores. En transporte, por ejemplo, se ha avanzado menos que en energía.


A un mes del colapso del Sistema Argentino de Interconexión. Ámbito (domingo)
Es un aniversario de la peor catástrofe eléctrica de la historia nacional, inédita en cuanto a su falla y la magnitud de sus consecuencias. Analizamos el comportamiento del Ejecutivo a lo largo de estos 31 días. Por Federico Bernal
Un resumen a poco más de 30 días de la peor catástrofe eléctrica de la historia nacional, inédita en cuanto a su falla y la magnitud de sus consecuencias. El 3 de julio, el Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, expuso en la Cámara Alta la investigación hecha por el Poder Ejecutivo, señalando los supuestos responsables. Desde el Observatorio OETEC analizamos tanto aquella exposición, como también el comportamiento del Ejecutivo a lo largo de estos 31 días. En este breve informe recordamos las cuestiones capitales irresueltas o censuradas por Lopetegui a un mes de ocurrido el colapso del SADI, acercando nuevas propuestas de acción e insistiendo en las ya formuladas.

Irresoluciones, incertidumbre y censura
Demostramos desde este Observatorio que la obra de corrimiento de esta estructura fue abandonada en 2015 y paralizada desde entonces (durante 3 años y medio). Asimismo, que Lopetegui ignoró este dato y mintió en su interpelación cuando afirmó que Transener había terminado la obra incluso antes del tiempo establecido. No hubo la más mínima respuesta o notificación desde Secretaría de Energía ni del ENRE sobre la paralización de los trabajos con la torre 412.
El corredor NEA-Litoral-GBA, con la concentración hidráulica más importante del noreste argentino, más la eventual inyección que pudiera hacerse desde Garabí (Brasil) y que ingresa al mismo corredor, cuenta con dos electroductos claves para abastecer (y evacuar) los centros de mayor consumo del país (GBA). Nos referimos, obviamente, a las líneas Colonia Elía - Belgrano y Colonia Elía - Campana (con la torre 412). CAMMESA, el ENRE y la Secretaría de Energía, sabiendo de la indisponibilidad desde abril de uno de los dos electroductos, aprobaron una planificación del despacho (y el despacho propiamente dicho) que al menos desde fines del mes de mayo se concentraba en dicho corredor. En pocas palabras, el despacho concentrado no solamente en una única zona, sino circunstancialmente en la más vulnerable de todo el sistema por la indisponibilidad de la LAT 500 kV Colonia Elía - Campana.
El despacho se está planificando dando prioridad al costo de generación por sobre la seguridad del sistema. Lopetegui explicó que esta decisión busca: "… minimizar el costo de generación eléctrica". ¿Y por qué? En sus palabras, "porque con esto abaratamos el costo de todos los usuarios". Esto es falso. Las facturas de luz y gas nos vienen cada vez más abultadas. Asimismo: ¿Qué impacto pueden tener esos supuestos menores costos en los incrementos del 2.500 al 4.000% registrados en estos servicios públicos? El despacho que Secretaría de Energía ordena a CAMMESA, a su vez por orden del Ministerio de Hacienda que a su vez responde al FMI, se ejecuta en nombre del ahorro fiscal y los compromisos de exportación de gas con las centrales termoeléctricas chilenas que sí pueden consumir un gas natural argentino a menor costo que las centrales térmicas argentinas.
El Ejecutivo Nacional (Mauricio Macri) decidió interrumpir la expansión de la red de extra alta tensión. Y lo hizo siendo consciente de lo que ello representaba en pérdida de eficiencia, confiabilidad, calidad y seguridad del SADI.
Vinculado a ello, nada expresó hasta ahora Lopetegui de la parálisis absoluta del Plan Federal de Transporte Eléctrico en líneas de 500 kV y que, ejecutado ese mismo plan por el Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015, produjo la expansión más importante en líneas de extra alta y alta tensión de la historia. (ver nota al pie) Por cierto, la última construida en 500 kV data de 2015 y fue la línea Lavalle - Santiago del Estero, de 86 km y que tiene por objeto principal vincular la mencionada provincia al Sistema en Alta Tensión. Además, redujo la actual administración el crecimiento de las líneas troncales en más de un 65% respecto de lo hecho por la gestión anterior solamente entre 2014 y 2015. Cabe recordar que el electroducto en 500 kV Resistencia - Rincón de Santa María, paralizada su construcción por Macri con un 70% de avance (ponderado), hubiera evitado el colapso o, al menos, minimizado su magnitud.
Lopetegui en su interpelación en Senadores, reconoció que las inversiones de Transener caerán en 2019 un 23% respecto de 2018 y no se le movió un pelo.
El Secretario omitió mencionar el siguiente pequeño detalle: entre diciembre de 2018 y el 16 de mayo de 2019, esta empresa repartió en concepto de dividendos 4.964 millones de pesos, esto es, un 71% de todo lo ganado en 2017 y 2018.
Ligado a ello, del gráfico mostrado por el funcionario encontramos que las inversiones de Transener en 2019 cayeron 72% en relación a 2014 (y -34% sobre 2015), en dólares. En efecto, Lopetegui defendió a la empresa Transener en materia de inversiones realizadas entre 2016 y 2019, contrastándolas con años anteriores. Enseñó un gráfico con las inversiones de Transener y Transba (transportista para Buenos Aires, controlada por la primera) entre 1999 y 2019, en pesos y ajustados por inflación. Es decir, ignoró la mega-devaluación ocurrida desde diciembre de 2015 a la fecha y su crucial impacto en los estados financieros de todas las licenciatarias (la mayoría emitió en dólares obligaciones negociables o convertibles en acciones) y, por tanto, no solamente en sus planes de inversión, sino también en las modificaciones a los cuadros tarifarios que ellas mismas reclamaron frente a cada revisión. Parece mentira tener que recordarle a Lopetegui que, en la Argentina bajo régimen neoliberal, con tarifas dolarizadas, las empresas nominan su posición neta de préstamos y colocaciones financieras en la moneda estadounidense; igual para la distribución de dividendos y que, por cierto, ha sido abusiva. Medir y comparar inversiones en pesos ajustados por inflación es un vil engaño.
Se ignoró la vulnerabilidad del corredor NEA-Litoral-GBA, sobre el cual y al momento de salir de servicio la línea Colonia Elía - Campana el 18 de abril, la Secretaría de Energía, CAMMESA y el ENRE deberían haber tomado todos los recaudos y precauciones de despacho, chequeo de protocolos y, desde ya, si el DAG se compatibilizó al bypass. En realidad, lo primero que tendrían que haber hecho era haber obligado a Transener a prolongar la indisponibilidad no más allá de días, en lugar de los dos meses y medio que duró, fundamentalmente porque la obra venía demorada (paralizada) desde hacía tres años y medio.
Propuestas de acción
Lopetegui debe ser convocado nuevamente al Congreso de la Nación, para explicar los puntos anteriores, entre otros que quedaron sin responder.
El titular del ENRE, Andrés Chambouleyron, debe ser convocado al Congreso de la Nación para explicar la parálisis con la torre 412 y lo encarado por el ENRE a propósito de esta estructura durante su mandato. También, sobre lo hecho por el ente vinculado al bypass de Transener, ya que la probabilidad de ocurrencia de un colapso es proporcional (estadísticamente hablando) a las indisponibilidades existentes. El bypass fue, en definitiva, el testimonio de una indisponibilidad innecesaria, artificialmente sostenida y políticamente aceptada por las autoridades responsables y competentes del Ejecutivo Nacional. Finalmente, debe explicar cómo fue que se permitió a la empresa distribuir dividendos entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 por un 71% de todo lo ganado en 2017 y 2018.
CAMMESA está dirigida por un economista graduado en EE.UU. sin el más mínimo conocimiento de cómo funciona técnicamente un sistema de potencia. ¿Esto seguirá siendo así?
Declaración de Emergencia Eléctrica Nacional. Desplazamiento del ENRE de la auditoria de acuerdo al anticipo hecho por Lopetegui en Senadores y en función de lo ya expuesto por este Observatorio (ver bibliografía). Una Comisión Bicameral del Congreso debe auditar a CAMMESA, a Transener, a las transportistas que operan en el Sistema de Distribución Troncal (STEEDT), a las denominadas transportistas independientes y a las distribuidoras que siguen experimentando inconvenientes en la restitución del servicio en sus respectivas áreas de concesión.
Todavía no se conocen las causas de la falla eléctrica del 16 de junio en la línea Colonia Elía - Belgrano. ¿Habrá tenido que ver con esta prolongada exigencia, trabajando al límite de su seguridad como reconoció el propio funcionario? Debería solicitarse, en este sentido, una auditoría a todas las universidades públicas competentes en la materia que estudien la falla en esta línea como las causas del colapso también, contribuyendo a los trabajos de la Comisión Bicameral del Congreso.
- (nota) El crecimiento de nuevas líneas entre 2005 y 2010 alcanzó los 2.630 km, mientras que entre 2010 y 2015 fue de 2.457 km. Al tomar la década entre 2005 y 2015 contra la década anterior (1995-2005), se observa una diferencia a favor de la primera del 161% (5.087 km nuevos vs 1.947 km nuevos). Es decir, el kirchnerismo más que duplicó la construcción de nuevas líneas de extra alta tensión respecto de la década anterior. En relación a las líneas troncales, la diferencia es aún más abultada. Al comparar 2005 y 2015 vs 1995-2005, el kirchnerismo logró triplicar la construcción de líneas en 132 kV (6.624 km nuevos vs. 2.199 km nuevos). * Director de OETEC


Inversiones: la energía trae en 10 años más de u$s 80.000 millones. El Cronista (domingo)
Entre 2015 y 2025, Vaca Muerta, las renovables y los segmentos regulados aportarán a la Argentina una catarata de dólares. Junto al agro, la energía es uno de los pocos sectores con resultados positivos en estos años.

A l asumir en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri entendió que el corazón de su programa económico estaría en la reducción de subsidios.
Buena parte del déficit fiscal, la balanza comercial y la cuenta corriente mejorarían sus números con un cambio de precios relativos.
El consiguiente aumento de tarifas provocó un impacto directo negativo en los bolsillos de la población e, inmediatamente, una merma en el consumo interno, efectos que se sienten hasta hoy. Pero también una respuesta positiva de las empresas del sector energético.
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) contabilizó en su Mapa de la Inversión que desde el primer día de Gobierno de Cambiemos hasta el 31 de mayo de este año hubo anuncios por u$s 145.226 millones en 1295 proyectos.
De estos, 376 planes por u$s 75.375 millones (el 52% del total) fueron sobre petróleo, gas, energías renovables y generación de electricidad y desembolsos para servicios públicos. Desde la AAICI, el director general de Inversiones, Francisco Uranga, destaca que los anuncios no diferencian lo realmente concretado de lo que está en espera y lo que quedó en camino, pero que monitorearon que de los u$s 57.700 millones programados para petróleo y gas ya se invirtieron o están en pleno proceso u$s 22.000 millones y que para energías renovables se desembolsaron u$s 7229 millones.
"En 2018,si bien no hubo muchos anuncios, se concretaron las inversiones planeadas en 2016 y 2017", dijo Uranga al programa Cosechas y Negocios de Radio Con Vos 89.9.
Un relevamiento de El Cronista entre diversas fuentes de la AAICI, la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y otros datos muestra que en los principales segmentos de la energía se pueden registrar inversiones por más de u$s 81.000 millones entre lo concretado desde 2015 y lo que se planea hasta 2025

Pasado y futuro
Los desembolsos en Vaca Muerta, las energías renovables y los segmentos regulados ya están en plena marcha. Hacia adelante, el desarrollo de shale oil y shale gas en la Cuenca Neuquina junto a la infraestructura necesaria para evacuar los hidrocarburos y para encontrarle nueva demanda, más las rondas 1 y 2 de exploración petrolera en el Mar Argentino (actividad offshore) y las rondas 3 y 4 del programa RenovAr traerán dólares necesarios para la economía.
Fernando Navajas, uno de los economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y especialista en energía, comentó: "El Gobierno entendió al principio que los subsidios explicaban una parte muy grande del déficit fiscal. Los subsidios a la energía eran por lo menos la mitad del rojo y la suba de tarifas tuvo como objetivo corregir eso, dada la rigidez en el resto de la economía, porque no se podía reducir el gasto previsional sin una reforma"
"La otra meta fue darles a las empresas una señal de precios para que inviertan. Las compañías no tenían viabilidad financiera, perdían plata y no llegaban a cubrir sus gastos", recordó. "Y el incremento de las tarifas funcionó, porque hubo una buena respuesta del sector privado", sostuvo.
Navajas añadió que la reducción del déficit fiscal con una baja de los subsidios es "más parecida a un alza de impuestos que a una baja del gasto, ya que no se planeó una disminución ni en el gasto de capital ni en el gasto corriente".
No obstante, señaló que en cuanto a la inversión pública en gastos de capital (infraestructura) para energía, hubo un "ajustazo", desde el 0,38% del Producto Bruto Interno (PBI) -entre Nación y provincias- en 2016 al 0,21% del PBI en 2018.
La inversión pública en infraestructura energética bajó más que la de transporte, ya que las obras en este último sector "se ven más que una conexión subterránea", armó Navajas. La petrolera estatal YPF fue la más activa de las empresas energéticas.
Por visión estratégica de su conducción, YPF se quiere mostrar como la líder en el desarrollo de Vaca Muerta, en donde empezó en 2013 con el acuerdo con Chevron. La rma que preside Miguel Gutiérrez anunció inversiones por casi u$s 31.000 millones. La segunda viene muy atrás: Pampa Energía prometió disponer de u$s 4347 millones

Gas y electricidad
En los segmentos regulados como el transporte y la distribución de gas y electricidad, las inversiones estuvieron motorizadas por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que canjeó aumentos de tarifas por un programa obligatorio de desembolsos a cinco años, entre los primeros meses de 2017 y 2022.
Después de la primera aproximación del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, la Corte Suprema de Justicia rechazó en agosto de 2016 las subas de las tarifas sin audiencias públicas previas. Ese fue el pie para que entre septiembre y octubre se definieran las RTI.
En total, son unos u$s 6000 millones los que vienen invirtiendo empresas como Edenor, Edesur, Transener, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Naturgy (ex Gas BAN) y Camuzzi, entre otras firmas ligadas a estos servicios públicos regulados.
El programa de obras está denominado en pesos constantes a diciembre de $ 2016, cuando un dólar equivalía a $ 16. Desde entonces, los respectivos entes reguladores ajustan semestralmente las tarifas de las eléctricas y gasíferas acorde a la iflnación mayorista acumulada en el índice IPIM.
Estas últimas empresas ya invirtieron $ 17.500 millones y les falta destinar otros $ 40.300 millones. En las eléctricas, en cambio, el Enre prefiere destacar que Edenor bajó un 31% la frecuencia media de los cortes y que Edesur disminuyó un 26% la duración de los mismos, como un indicador de mejora en la calidad del servicio.


Solicitan audiencia pública para aumentar la tarifa de energía eléctrica en San Luis. Télam
La empresa distribuidora de Energía de la provincia de San Luis, Edesal, solicitó la realización de una nueva audiencia pública para el 26 de julio próximo, para tratar un nuevo aumento de la tarifa de energía eléctrica.
De este modo, la empresa se adelanta dos meses a los seis que deben existir para la convocatoria, que se cumplirían en septiembre ya que el último aumento se produjo en marzo de 2019.
Los argumentos de la empresa son la necesidad de "compensar" los aumentos provocados por la inflación y los costos que demandan el mantenimiento y la distribución en el territorio provincial, según confirmó a la prensa local el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Gerardo González.
La nueva audiencia se realizará en el Hotel Sierras de Las Chacras a 15 kilómetros de esta capital, para tratar el incremento que todavía no ha sido confirmado de manera oficial, que debería comenzar a regir desde agosto y que fuentes consultadas estiman en más de un 30 %.
Sobre el adelanto de dos meses para la convocatoria, Gonzalez explicó que hay una polinómica que se verifica si se dan los coeficientes nacionales que si superan el 12% daría lo que sería la cláusula gatillo, que es lo que nos da "el okey para hacer el llamado a audiencia pública".
A partir de la solicitud efectuada, Edesal pretende elevar la tarifa por los costos en los materiales, el combustible y los incrementos salariales.
Si bien el empresario afirmó que el porcentaje de aumento "se encuentra en estudio", aclaró que la incidencia de los aumentos en las tarifas de distribución "altera más o menos un 50 %, que significa un 55 % de distribución y un 45 % de generación"


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PETROLEO Y GAS

Comienza a definirse otra megacausa contra YPF: ahora, por la mochila de Maxus. Ámbito
La demanda es del estado de New Jersey por contaminación ambiental comprobada y realizada por una subsidiaria fallida, comprada en 1995 durante el Gobierno de Carlos Menem. La denuncia está radicada en Delaware. Los juicios contra YPF en los Estados Unidos no le dan respiro al país. Al caso por la reestatización de la petrolera por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se le suma desde hoy la definición de un megacausa heredada de los tiempos de Carlos Menem por la compra de la compañía Maxus, en 1995. Esta petrolera traía como mochila un juicio por daños ecológicos de los años 60 y 70, pero que no fueron tenidos en cuenta en el momento de adquirirla en aquel año; pero luego, a raíz de una acción de los damnificados por la contaminación del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey. La demanda da escalofríos: llega a los u$s14.000 millones. Sin embargo, desde Buenos Aires aseguran que los argumentos legales para defenderse son sólidos.
El demandante y el demandado deberán presentar hoy sus escritos en el territorio donde se desarrolla la causa: el tribunal de Delaware, donde alguna vez el fondo buitre Elliott, de Paul Singer, llegó a perseguir a la Argentina en los años de Cristina Fernández de Kirchner haciendo presentaciones por la causa de la “ruta del dinero K”. En ese mismo juzgado se desarrolla ese frente judicial, ya que la empresa Maxus estaba radicada en el estado de Delaware dados los beneficios impositivos que otorga el lugar.
La causa comenzó hace 60 años, cuando se comprobó que Maxus Energy Corporation vertió en los años 50 pesticidas Dioxin, fabricados en la planta Diamond Alkali, en la ciudad Newark, en Nueva Jersey, fábrica que en esos momentos era de su propiedad. La denuncia la hizo el propio Estado local, al confirmarse que el río Passaic contenía este producto, altamente cancerígeno y uno de los más contaminantes de vías fluviales; y utilizado por los marines norteamericanos en la guerra de Vietnam. El Diamond Alkali es uno de los componentes básicos del desfoliante Agente Naranja. Las primeras presentaciones datan de fines de los 60, pero fue luego durante toda la década del 70 donde el estado de Nueva Jersey profundizó las demandas. Ante el juicio, y por la mala imagen de la compañía, Maxus modificó su nombre rebautizándola Diamond Shamrock; empresa que luego fue vendida a Tierra Solutions, una subsidiaria de Maxus. A fines de los ’80, Maxus se la vendió a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).
El caso continuó sin resolución durante décadas; pero siempre estuvo activo. En 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem, luego de la apertura de las acciones de la petrolera a los privados y durante la gestión de José Estenssoro como presidente de la compañía; compró Maxus por unos u$s762 millones con el objetivo de expandir a YPF dentro del mercado norteamericano. Y de allí convertirla en una empresa multinacional.
Estenssoro siempre confió en el potencial de Maxus, especialmente por las inversiones con las que contaba dentro del continente latinoamericano, particularmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Maxus tenía una gran cantidad de deudas, las que se fueron saneando para luego comenzar un proceso de traspaso de activos hacia YPF por casi u$s1.000 millones. Durante la gestión de Repsol, la empresa quedó abandonada, acumulando pasivos por más de u$s300 millones, sumando además deudas con proveedores y con su personal. En 2012 (el mismo año de la renacionalización), la corte de Delaware falló en contra de Maxus y Tierra. Durante la gestión de Miguel Galluccio se ordenó un estudio puntual sobre la situación real de la petrolera y sus potencialidades cuyos resultados determinaron que lo mejor era el cierre de la empresa y su presentación en concurso. Gallucio dejó la conducción de YPF, pero el informe fue tan lapidario (Maxus no dio rendimientos en ninguno de los ejercicios en los que operó bajo el ala de la petrolera argentina), con lo que con la llegada de Miguel Angel Gutierrez como presidente de YPF se decidió avanzar con la quiebra definitiva. El anuncio se hizo el 22 de junio de 2016, mencionando que las empresas Maxus Energy Corporation, Tierra Solutions, Maxus International Energy Company, Maxus (US) Exploration Company y Gataway Coal Company, se presentaron en bancarrota en Wilmington, Delaware, donde estaba radicada la petrolera. Gutierrez tomó la decisión, luego de analizar, a partir del informe de Gallucio, que la empresa era inviable y que tenía causas judiciales pendientes que la convertían en una bomba de tiempo. Sin embargo, y luego de la presentación de 2016, fue el estado de New Jersey el que pidió la intervención de la causa, advirtiendo que lo que se intentaba desde la petrolera argentina era desligarse de sus responsabilidades del caso de la contaminación del río Passaic. La causa fue analizada por el juez Christopher Sontchi, de la corte de Bancarrotas del Distrito de Delaware, que abrió la demanda y el 20 de febrero pasado dictaminó que la causa debería seguir adelante, rechazando un pedido de YPF para cerrar el caso y abriendo una etapa de investigación sobre si existe o no responsabilidad de YPF por los efectos de la contaminación provocada por Maxus, al haber adquirido la petrolera en 1995. El argumento de la petrolera argentina como principal defensa, es que en la operación realizada por Estenssoro se firmó una cláusula por la cual se pagaron unos u$s130 millones a los antiguos propietarios de Maxus (más otros u$s65 millones de un préstamo puente); para formar un fondo de quiebras que atendiera todas las causas aún abiertas, incluyendo las correspondientes a daños ambientales. Según los abogados que defienden a la compañía, este documento debería preservar a YPF de las responsabilidades posteriores. YPF argumenta, además, que en el momento de la compra de Maxus en 1995, la planta productora de Diamond Alkali (la que vertió el Agente Naranja al río), ya no era propiedad de la petrolera norteamericana. Sin embargo, este argumento no bastó en su momento para convencer a Sontchi de la falta de responsabilidad de YPF.
El argumento de New Jersey es que la empresa Oxy, durante su liquidación, le reclamó por su quiebra a Maxus responsabilizándola además por la multa que se le aplicó por el fallo de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. por unos u$s300 millones por kilómetro contaminado. New Jersey asegura también que la Justicia norteamericana, a través de una decisión de directorio de manejo de juicio de liquidación de Maxis Energy Corporation, decidió responsabilizar a YPF por el pago de las multas finales. La decisión será del juez Sontchi. Nuevamente se promete un largo juicio que obligatoriamente requerirá tiempo de resolución y apelaciones varias por parte de los perdedores. Esta causa se suma a la que avanza en el tribunal del segundo distrito sur de Nueva York de Loretta Preska, donde el fondo de inversiones Burford Capital reclama por la manera en que se reestatizó YPF en mayo de 2012. En este caso, durante esta semana, las partes deberán presentarle a la jueza que reemplazó a Thomas Griesa sus escritos de defensa con los argumentos que creen que se deberán tener en cuenta. Argentina insistirá en que el caso debe mudarse a Buenos Aires.


DEBATE. El Programa Hogares con Garrafas social (ProHogar). Página12
La insensibilidad macrista. Cada vez más hogares por las elevadas tarifas de gas natural residencial se desconectan de la red para adquirir garrafas. En casi cuatro años de gobierno de Macri, la garrafa social de 10kg aumentó 236 por ciento.
Por Ariel Miño *

El Programa Hogar originado en 2015 fue una “reformulación” del programa anterior Garrafas para Todos, que en vez de subsidiar a la oferta representada en las empresas que participan de la cadena de abastecimiento de las garrafas, se subsidia directamente a los que lo necesitan, a los que no tienen ingresos suficientes para abonar el precio de la garrafa. En este sentido, se considera como una buena la iniciativa para paliar la problemática respecto al acceso a la garrafa de los sectores que no tienen acceso a la red de gas natural. Pero, en el transcurso del Gobierno de la alianza Cambiemos los aumentos de precios son anuncios cotidianos. En un contexto de alzas y ajuste tarifarios en los servicios públicos se origina un nuevo incremento en el precio de un insumo necesario como las garrafas de 10 kg para la vida cotidiana de la población sin acceso a una red de gas. A finalizar 2015, el precio de venta era 97 pesos, a partir del nuevo gobierno de la Alianza Cambiemos el precio del valor fue aumentando progresivamente durante estos casi cuatro años, pasando a valer 326,36 pesos, un incremento de 236 por ciento.
Todos los aumentos muestran la insensibilidad del gobierno, planteando que “tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes", y asegurando que "en la modificación de los precios máximos de referencia deberá tenerse en cuenta la protección de los sectores sociales residenciales de escasos recursos, para lo cual resulta aconsejable continuar aplicando un criterio de gradualidad en la implementación de las actualizaciones de dichos valores, como así también mantener un esquema de subsidio a la demanda compatible con esos fines, para lo cual resulta aconsejable continuar aplicando un criterio gradual en la implementación de las actualizaciones de los valores, como así también mantener un esquema de subsidio a la demanda compatible con esos fines". Sin embargo, la realidad que sufren los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural domiciliaria es diferente. Este nuevo incremento implica otro golpe al bolsillo.
Existe una disociación entre el nuevo precio de valor de las garrafas de 10kg y el beneficio que se otorgaba a través del subsidio a la población. En 2015, el monto del subsidio alcanzaba el 79,3 por ciento (77 pesos por garrafa), mientras que ahora sólo cubre el 56 por ciento (183 pesos por garrafa).
La dinámica de la actual gestión no está pensada en el “bienestar social”, pues en casi cuatro años de gobierno se encargó de traspasar derechos de sectores populares hacia sectores empresariales. Además, los usuarios de la garrafa social tienen que pagar sobreprecio para conseguirla. En este contexto, predomina el discurso que dice que la “gente debe acostumbrarse a los aumentos”.
En un contexto de desprotección, cada vez más hogares por las elevadas tarifas de gas natural residencial se desconectan de la red para adquirir garrafas. De ser un usuario que transitaba el camino para convertirse en un ciudadano con derecho a disponer de los servicios públicos esenciales para vivir dignamente, ha pasado a ser un cliente-cautivo de monopolios privados, sujeto a todo tipo de abusos.
* Doctor en Gobierno y Administración Económica. Docente Unaj, Investigador Fundación Generación del Sur.


Cuáles son las claves para pensar Vaca Muerta y qué interrogantes quedan por develar. Página12 (domingo)
Las encrucijadas de los brotes negros
La expectativa centrada en el gran reservorio de hidrocarburos no convencionales que tiene Argentina se enfrenta a importantes desafíos de corto y mediano plazo.
Por Arturo Trinelli *

Por la centralidad que ocupa en la agenda pública, dada su incidencia sobre otros sectores de la economía y su indudable impacto social, cualquier debate que se plantee sobre Vaca Muerta debe pensarse más allá de la “grieta” que se verifica en otros aspectos de los modelos de país a confrontar en todo año electoral. Contar con la segunda mayor reserva de gas y la cuarta mayor de petróleo no convencional del mundo invita- o debería invitar- a proyectar el largo plazo , más allá de la propia gestión de la coyuntura energética que, saliendo del ineludible debate sobre el costo y la accesibilidad de los servicios públicos (de la cual la cuestión energética es tributaria), admite ver rupturas pero también continuidades entre las diferentes propuestas políticas en pugna.

Consenso
Más allá del posicionamiento político que se profese, pareciera haber cierto consenso en torno a algunos puntos, entre los cuales se pueden destacar:
* La auspiciosa proyección que tiene Vaca Muerta como garante en primer lugar del autoabastecimiento energético argentino pero también, no menos importante, como proveedor de divisas de una economía que, con mayor o menor intensidad, ha estado históricamente condicionada por la restricción externa en sus ciclos de crecimiento.
* La indudable incidencia que el sector puede tener en términos de ingresos fiscales especialmente para las jurisdicciones subnacionales, en la medida en que por mandato constitucional las provincias detentan el dominio originario de los recursos naturales presentes en su territorio.
* En ese contexto, la consecuente necesidad de buscar consensos suficientes para garantizar políticas públicas coordinadas interjurisdiccionalmente entre los diferentes actores estatales, capaces de contener los múltiples intereses- no siempre convergentes- que puedan haber: el reciente fallo de la Corte Suprema sobre los glaciares expuso como nunca que, en materia de recursos naturales, las realidades suelen ser más complejas de lo que se supone (el Estado Nacional fue demandado por la Barrick Gold y la provincia de San Juan).
* La convicción de que Vaca Muerta no puede sostenerse eternamente sobre la base de esfuerzos fiscales y que es necesario proveer condiciones de estabilidad para las indispensables inversiones que se requieren, evitando la posición de plantear la intangibilidad de los recursos naturales (pero al mismo tiempo demandar del Estado bienes públicos de calidad) o posiciones maximalistas que van desde “echar a patadas” a las petroleras hasta minimizar la intervención del Estado en el sector hidrocarburífero por considerarla “distorsiva”. La propia gestión del sector y la racionalidad de los agentes económicos involucrados obliga a dejar de lado estos extremos para encontrar matices: así como durante el gobierno anterior, indiscutiblemente identificado con la idea de un Estado fuerte y activo, hubo concesiones a las petroleras- fundamentalmente vía Planes de estímulo- en el actual, con sobrados ejemplos de iniciativas atravesadas por el principio de subsidiaridad estatal, algunas medidas tomadas parecen haber ido en sentido contrario (ver como muestra la carta que hace unas semanas cursaron al actual secretario de Energía las principales petroleras, quejándose por el “excesivo” intervencionismo estatal dado por la fijación de precios máximos que Cammesa impuso para la última licitación de gas).

Retos
Pero estas certezas, a su vez, se combinan con algunos interrogantes que la nueva gestión deberá enfrentar y cuya resolución no se prevé en uno o dos mandatos, razón por la cual es indispensable la disposición al diálogo si hay vocación real por generar políticas de Estado en el sector:
Costos: Parece claro que debe continuar trabajándose en mejorar los costos de producción. Si bien con mayoría de proyectos aún en fase piloto, el costo de producción en gas se ubica bastante por encima del de Estados Unidos, principal competidor de nuestro país en no convencionales. En general esto se asocia a la discusión por los costos laborales, pero un vector más virtuoso de competitividad debiera pasar por destinar inversiones en ciencia y desarrollo que provean de mayor sofisticación tecnológica al sector, eje que hizo de Noruega uno de los países más ricos del mundo en base a sus recursos hidrocarburíferos offshore. No se trata, pues, de disponer del recurso solamente, sino de cómo proyectar el desarrollo a partir de su dotación.
Tarifas y precios: En tanto la gestión en el Estado siempre es incremental, parece poco probable que puedan retrotraerse tarifas a valores de 2015 sin poner en riesgo la cadena de pagos en el sector o comprometer más a un ya asfixiado Estado con demandas de rentabilidad empresaria. Siendo un tema crítico que en un año electoral obliga a fijar posición, antes que una retracción total parecería más prudente pensar algún tipo de congelamiento que descomprima a los usuarios, sobre todo los sectores populares y las pymes industriales, muchas de las cuales han debido mermar la producción o hasta cerrar sus puertas debido al desproporcionado aumento en las facturas en un contexto de estancamiento y caída de ventas. En cuanto a los precios, la generación de fuertes térmicas representa poco más de la mitad del costo de las renovables, que bajo el paraguas de la Ley 27.191 disponen de un conjunto de promociones fiscales, además de contar con prioridad de despacho y contratos prolongados y en dólares, lo cual coloca al gas de Vaca Muerta en un plano menos competitivo para el negocio de generación. Sin embargo, buena parte del diferencial de producción conseguido el último año fue con subsidios de la controvertida Resolución 46 E/2017, lo que genera incertidumbre sobre cuál es el precio real del gas.
¿Gas o petróleo?: A propósito del gas, que explica en más de un 50 por ciento la matriz energética argentina, la estacionalidad de la demanda interna (el consumo en los meses de invierno más que duplica el del resto del año) obliga a pensar en la apertura de mercados para colocar la producción futura. Sobre este punto se impone una decisión estratégica a tomar: el gas es el insumo más importante y el más barato para la generación, pero su mayor producción depende de la capacidad de venta que, a su vez, está atada a mayor infraestructura. ¿Pueden avizorarse con cierto optimismo inversiones en gasoductos y terminales de licuefacción para un gas con alta demanda solo durante cuatro meses del año? Dicho interrogante, ¿no vuelve más competitivo al petróleo, donde hay mayor capacidad instalada y extendida petroquímica pero que, a su vez, supondría encarecer a futuro el valor de la generación?
Infraestructura: Ligado a lo anterior, cualquier proyección que involucre mayor desarrollo en Vaca Muerta impone la necesidad de pensar en mayor infraestructura que conecte mejor la producción y, consecuentemente, ayude a bajar los costos de producción. Un compromiso real con el desarrollo de Vaca Muerta debería ser dar señales de reactivación en ese sentido: si bien se está avanzando en el llamado a licitación para la construcción de un gasoducto desde Neuquén a la zona metropolitana de Buenos Aires, el tren Norpatagónico apenas quedó en un anuncio, se discontinuó la construcción del GNEA y en los últimos años no han habido inversiones significativas en redes de alta tensión, sólo por citar algunos ejemplos de todo lo que hay pendiente en la materia.
¿Descarbonización sí o no?: El énfasis que puso esta gestión en las energías renovables, impulsando rondas que en todos los casos superaron en oferta a los megas licitados, representó un avance en el intento por diversificar la matriz y propender a un sistema más descarbonizado. Estas son tendencias mundiales y los países desarrollados están comprometiendo recursos para mutar a energías limpias, además de ser parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en una agenda de mediano plazo más global. Argentina, por otra parte, adhirió al Acuerdo de París para contener las consecuencias del cambio climático y durante la gestión anterior se sancionó una ley- promulgada por el Gobierno actual- que obliga a incrementar la incidencia de estas fuentes. El interrogante pasa entonces en cómo pensar un desarrollo masivo de Vaca Muerta en ese marco y cuán comprometida podría verse la generación de mercados futuros para los hidrocarburos frente al crecimiento de las energías “verdes”, independientemente de las propias limitaciones que tienen las renovables (centradas en la poca generación de mano de obra en la operación y mantenimiento e inestabilidad en la generación).
Respeto a las comunidades, los resguardos ambientales y la seguridad en la operación: Un aspecto central a no descuidar es el impacto ambiental que la actividad genera y la seguridad de quienes trabajan en los yacimientos. Si bien la posibilidad de siniestros en este tipo de operaciones es concreta, los últimos casos en Argentina de accidentes fatales y derrames de petróleo invitan a ser rigurosos en la fiscalización , donde al Estado le cabe la responsabilidad de aplicar sanciones y obligar a las operadoras a las reparaciones correspondientes.
Mitigación de las desigualdades sociales: Como todo desarrollo masivo y vertiginoso, las externalidades positivas que genera la actividad económica hidrocarburífera van fomentando desigualdades especialmente en las zonas afectadas a la explotación. Se requiere en ese sentido de una agenda de política pública que discuta estas estratificaciones para que todos participen de las ganancias que provea la actividad. De acuerdo a cifras recientes del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Oede) del Ministerio de Producción, las diferencias salariales de los trabajadores petroleros en Neuquén con sus pares de otras actividades es cada vez mayor: el ingreso promedio en la industria petrolera oscila los 144.000 pesos mientras que en la construcción alcanza los 42.000 pesos, en la gastronomía los 23.000 pesos y en la docencia los 21.000 pesos. Si vamos hacia otras dimensiones por fuera de la de ingresos, observaremos cómo las desigualdades se expresan también en materia de género (el hidrocarburífero es un sector todavía hiper masculinizado) o de acceso a la vivienda frente al estrepitoso encarecimiento del suelo urbano, por citar apenas dos ejemplos entre tantos otros.
Evitar la tentación al “mandato refundacional”: Finalmente, las señales a brindar desde la gestión son un aspecto clave para asegurar cada uno de los puntos señalados precedentemente y otros tantos que se puedan plantear. Los reemplazos permanentes de funcionarios y los cambios en la institucionalidad expresan lo contrario a lo que debería transmitirse desde el Estado, que es previsibilidad y un marco acorde a las inversiones que están en juego.
Una mención especial merecerían las empresas púbicas que las provincias han impulsado, especialmente desde fines de los ’90 y los 2000, para asociarse a los privados en la explotación de hidrocarburos y de recursos naturales en general. Es importante pensar estratégicamente su rol, fortaleciéndolas con capacidades que vayan más allá de administrar las concesiones. En tanto instrumentos societarios del Estado, no deberían reducirse solamente a la captura de renta sino a promover mecanismos de transferencia tecnológica y conocimiento que les permita incrementar y diversificar funciones, especialmente si cuentan con participación en sectores estratégicos para la provisión de servicios públicos a garantizar para toda la población.
Y en cuanto a YPF , la empresa única de su rubro integrada vertical y horizontalmente, ser la principal receptora de las políticas públicas hidrocarburíferas debería ser un objetivo a retomar por su capacidad para incidir en la organización y el funcionamiento del sector energético, en tanto desde el 2015 ha sido un actor más del mercado donde no termina de quedar claro cómo el Estado está haciendo valer su mayoría accionaria. * Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (Cedep). Docente UBA, Flacso y UNPaz.


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SECTOR COPERATIVO

Tensa relación entre la CELO y Energía de Misiones. Primera Edición (Misiones)
Integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa obereña decidieron retirarse de una reunión realizada con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y el presidente de la distribuidora de la provincia, Guillermo Aicheler.
En los últimos días se acentuó el conflicto entre la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO) y Energía de Misiones.
Integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa local decidieron retirarse de una reunión realizada con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y el presidente de la distribuidora de la provincia, Guillermo Aicheler, entre otros funcionarios.
Por su parte el Consejo de Administración de la CELO decidió dejar de abonar por la energía y depositar el dinero a plazo fijo, hasta tanto se detalle la situación de la misma. En conferencia de prensa, el presidente Pedro Andersson relató lo ocurrido en la reunión en la cartera de finanzas. “El ministro dijo que no nos acercamos a EMSA y que tampoco pagamos este año, a lo que aclaramos que no es así. Expusimos lo que aportamos este año y el plan de pago que teníamos. Lo que queremos saber es qué estamos pagando” explicó.
El titular de la CELO afirmó que “anteriormente nos dijeron que nos iban a escrachar, a poner en los diarios, a cortar la luz, porque no llevamos ningún dinero, pero nosotros pagamos”. “Lo único es que queremos saber qué pagamos”, reiteró.
Sobre la posibilidad de tener apoyo de sus pares, afirmó que cada entidad atraviesa una situación diferente. “Como no pagamos al día, no tenemos beneficios. Somos los castigados y en consecuencia los socios, apuntábamos a otros acuerdos pero no conseguimos. Al contrario, el socio tendrá incrementos en los próximos cuatro meses” y recordó que “el aumento será del 3,4% desde el mes corriente, es decir un total del 13, 6%” indicó.
Por último, Andersson subrayó que “las regalías llegan a Energía de Misiones pero no a las cooperativas”.


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OTROS SERVICIOS

El Gobierno busca que aviones con matrícula de otro país puedan hacer vuelos internacionales. Clarín (sábado)
La medida beneficiaría principalmente a Latam, que tiene problemas con la nave que viaja actualmente a Estados Unidos.
El ministro de Transporte Guillermo Dietrich afirmó que "se está trabajando fuertemente" para la implementación del sistema denominado "Interchange", que permite a las empresas aéreas realizar vuelos internacionales con aviones matriculados en otro país.
La iniciativa, promovida particularmente por la empresa Latam, establece que, por ejemplo, un avión matriculado en Chile puede realizar vuelos internacionales con tripulación argentina.
La empresa de capitales chilenos y brasileños cubre, desde su filial argentina, la ruta Ezeiza-Miami con un viejo Boeing B767 que quedará obsoleto a partir del 1 de enero próximo, ya que no podrá ingresar al espacio aéreo de Estados Unidos.
Frente a esa situación, la empresa solicitó alquilar aviones a su casa matriz, de matrícula chilena, más modernos que el equipo asignado a la Argentina. "De no poder avanzar con ese pedido, deberemos levantar la ruta a Estados Unidos", dijo la titular de LATAM Argentina, Rosario Altgelt.
"Estamos trabajando sobre el tema y en ese sentido ya estamos en esa línea con el gobierno de Chile, con el que se ha hecho una primera firma en cuanto a un entendimiento a trabajar entre los dos gobiernos", dijo Dietrich en declaraciones a Télam.
"Estamos teniendo reuniones con los abogados de los sindicatos, recibiendo todas las inquietudes, lo mismo con la gente de Latam, a los que se les transmitieron algunas cuestiones que fueron surgiendo y cómo hacer para que no genere ningún tipo de impacto negativo", explicó el ministro.
"Lo que buscamos -agregó- es que este cambio sea positivo para el empleo, para el crecimiento profesional de pilotos y mecánicos argentinos y que los pasajeros tengan la oportunidad de viajar en mejores aviones". "Estamos hablando con todos los actores que tienen diferentes miradas, pero la mirada nuestra es que lo que siempre privilegiamos es que las empresas se desarrollen y se desarrolle la gente que trabaja en las empresas, en este caso una de las más importante de la región y que sigue apostando al desarrollo comercial en Argentina, como es Latam", remarcó Dietrich.
Aclaró al respecto que "ha sido muy importante la opinión de los trabajadores de Latam respecto de la preocupación genuina que tienen ellos de su puesto de trabajo, si es que no se logra esto, ya que es algo que ya funciona en todos los países de Latinoamérica, de hecho, Latam lo hace en muchísimos países de la región".
"En la reunión que tuvimos con los sindicatos advertimos -dijo- que tenemos un sector aéreo muy dinámico y que está creciendo de manera exponencial en todo el mundo y en Argentina particularmente, y que tenemos que modernizarnos y adecuarnos a lo que está sucediendo en la región y en el mundo".
"Hoy en la Argentina hay cuatro empresas nuevas que están volando: Flybondi, JetSmart, Norwegian y Flyest, y hay interés de otras empresas en iniciar operaciones. Desde que empezó a volar Flybondi, que fue la primera, ya a fin de junio volaron dos millones y medio de personas en vuelos low cost", concluyó el ministro de Transporte.


Aerolíneas Argentinas lanza el puerta a puerta doméstico: las entregas son el mismo día y gestionás todo por celular. IProfesional
La línea de bandera está ultimando los detalles para poder presentar, antes de octubre, la aplicación que permitirá mover encomiendas en menos de 24 horas
Aerolíneas Argentinas se está metiendo de lleno en el negocio de carga y logística, tanto internacional como para el mercado doméstico.
En el primer caso, viene de lanzar su propio servicio puerta a puerta para que los usuarios puedan "microimportar" desde tecnología hasta ropa, utilizando la capacidad de bodega con la que cuentan, gracias a sus dos vuelos diarios para la ruta Buenos Aires-Miami.
Hasta el momento, ya tienen más de 11.100 personas registradas y aspiran a ampliar considerablemente la cifra a partir de este servicio que simplifica los trámites aduaneros y que permite recibir un paquete a domicilio desde los Estados Unidos en un plazo menor a las 72 horas.
Para resolver la llamada "última milla" utilizan toda la estructura operativa que la aérea tiene disponible con JetPaq. Y es, justamente, a partir de esta misma unidad de negocios que están diagramando un nuevo servicio, esta vez pensado exclusivamente para el mercado interno: un "puerta a puerta doméstico".
La iniciativa consiste en que un usuario, en cualquier provincia, pueda, desde la app, solicitar el retiro de una encomienda en su dirección y que ese producto llegue al destino elegido, dentro del país, en un plazo que podrá ser incluso menor a las 24 horas, con la posibilidad de contar con una trazabilidad total de la logística.
"El plan es tenerlo listo y operativo antes de octubre", anticipa en diálogo con iProUP Maximiliano Pozaric, gerente de Cargas de Aerolíneas Argentinas. Inicialmente, la idea era poder lanzar esta modalidad durante el primer semestre. Sin embargo, el proyecto experimentó cambios sustanciales, tendientes a ofrecer una mejor experiencia al usuario.
La principal diferencia respecto del plan que se había delineado en un comienzo es que ahora el "puerta a puerta" doméstico se podrá gestionar desde una app para celulares, mientras que la idea inicial contemplaba que los usuarios realicen toda la operatoria a través de la web.
"Hace un mes que estamos operando con un nuevo sistema a nivel internacional y el objetivo es trabajar con esa misma plataforma para brindar el servicio dentro del país", explica el directivo.
"La app va a permitir realizar el 100% de las gestiones: fijar día y horario del retiro del paquete; validar en un mapa con geolocalización dónde se encuentra el punto exacto de pick-up, para minimizar los errores; y también coordinar la entrega de la encomienda", acota Pozaric.
"Es a través de esta nueva herramienta y del uso de la tecnología que podremos hacer realmente masivo este servicio", recalca.
En cuanto a las tarifas, los usuarios podrán optar por diferentes modalidades: desde una opción más básica hasta una tipo "full", lo que posibilita que el costo final se adapte a las distintas necesidades y presupuestos.
Por ejemplo, en los casos en los que el destino y el horario lo permitan, se podrá optar por realizar envíos en el mismo día o en 24 horas.
Además, entregar o retirar el paquete en algunos de los 32 centros logísticos de JetPaq permitirá acceder a una tarifa más económica frente a la alternativa "full". Es decir, la que incluye tanto el pick-up como el delivery en el domicilio.
"Se podrá configurar de diferentes maneras. Será muy flexible", resumen desde la línea aérea.
A modo de referencia, a valores de hoy:
- Enviar una encomienda de un kilo desde Buenos Aires a algún punto de Salta, en el mismo día y con retiro y entrega puerta a puerta, tendrá un valor de $760
- Quien opte por despachar ese mismo paquete pero entregándolo en Aeroparque y teniendo el destinatario que buscarlo en el aeropuerto de Salta, deberá abonar $540 para el mismo día y $460 en un plazo de 24 horas - En paralelo, un despacho Buenos Aires-Mendoza, el puerta a puerta en el día costará $720, tarifa que desciende hasta los $425 para la modalidad más básica
En el caso de una encomienda del doble de peso, habrá que sumarle un 18% –promedio– a esos mismos valores. Esto significa que por cada kilo que se sume al envío la tarifa no subirá proporcionalmente.
Un negocio con alto potencial
La iniciativa forma parte del plan estratégico de la compañía, que tiene como uno de sus focos principales el desarrollo del negocio de cargas, una unidad que en la actualidad muestra un share bajo respecto de la facturación total de la línea aérea, menor al 3 por ciento.
Desde Aerolíneas Argentinas consideran que "el potencial para crecer es altísimo. En el mundo, este tipo de prestación funciona muy bien y en el país vemos que hay un mercado realmente considerable".
"Hoy no tenemos competencia directa. Es verdad que muchas plataformas de ecommerce ya ofrecen la posibilidad de realizar despachos a otras provincias. Pero lo cierto es que nadie tiene la capacidad de cobertura que tenemos nosotros, en los plazos que manejamos y todos los días del año", afirman a iProUP desde la compañía.
De hecho, está tejiendo acuerdos con algunos de los principales jugadores del sector para salir a ofrecer, junto con la compra de un producto, toda la solución logística y de transporte de JetPaq y Aerolíneas Argentinas.
A partir de esta red es que la firma proyecta una facturación cercana a los $360 millones, al tipo de cambio actual, para el primer año de servicio. En cuanto a los volúmenes, considera que está en condiciones de mover cerca de unas 15.000 toneladas anuales.
Todas estas perspectivas, por supuesto, están basadas en el crecimiento exponencial que ha venido experimentando el comercio electrónico en los últimos años.
De acuerdo a cifras de la CACE, la compraventa de bienes y servicios a través del canal online durante el 2018 se expandió casi 50% en la Argentina, alcanzando una facturación superior a los $230.000 millones. Se trata de una tasa de variación similar a la inflación del año pasado pero, un dato no menor, esto se dio en un contexto en el que la economía en general se contrajo un 2,5 por ciento. Además, en términos de volumen, el año pasado se vendieron 120 millones de productos, un 25% más que en 2017, a través de unas 79 millones de órdenes de compra.
En este contexto, desde la línea de bandera aseguran que este servicio promete constituirse en una poderosa herramienta que podrá ser utilizada tanto por grandes compañías como por pequeñas y medianas empresas que hoy ofrecen sus productos a través de las plataformas online.
Además, consideran que puede generar nuevos puestos de trabajo, dado que uno de los focos serán los emprendedores de todo el país que, por cuestiones geográficas o de costos, hoy encuentran dificultades para llegar a más consumidores.

Plan de inversiones
Esta iniciativa, así como también el "puerta a puerta" para importar productos desde los Estados Unidos, forma parte de un plan de digitalización que encaró Aerolíneas Argentinas y que contempla una inversión global de 40 millones de dólares.
La primera etapa de dicho proyecto arrancó en el primer semestre del año pasado, con la renovación del data center y las computadoras centrales de la empresa.
Luego, se avanzó con la instalación de 24 kilómetros de fibra óptica y wifi en los talleres, así como la puesta en marcha del sistema de gestión AMOS, que permite tener una trazabilidad total sobre cada pieza y componente cambiado en toda la flota.
A comienzos de junio, en tanto, presentaron la nueva página web, con mejoras importantes en lo que hace a accesibilidad y a la experiencia del usuario a la hora de comprar pasajes, hacer el check-in o sumar servicios. Y, en paralelo, están a punto de presentar una aplicación exclusiva para la gestión de los tickets aéreos.
"Todos estos servicios van a formar parte del nuevo ecosistema digital que estamos implementando", señalan a desde la firma, que está apostando cada vez más fuerte por el negocio logístico basado en las aplicaciones, tanto a la hora de microimportar como a la hora de enviar un paquete a cualquier punto del país.


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